Crisis institucional en Alicante: Una doble dimisión sacude el área de Urbanismo
El escenario político alicantino ha dado un vuelco inesperado tras la salida precipitada de dos figuras de peso en la administración local. La dimisión de Rocío Gómez, hasta ahora responsable de Urbanismo y Conservación de Inmuebles, no ha llegado sola; se produce en paralelo a la renuncia de María Pérez-Hickman, quien ejercía como directora general de Organización Interna y Contratación Pública. Este movimiento coordinado responde a la creciente presión por las presuntas irregularidades en la adquisición de viviendas de protección pública (VPO) en una de las zonas más cotizadas de la ciudad.
La controversia, que ha escalado rápidamente desde el ámbito administrativo al judicial y político, se centra en una promoción específica situada en la Playa de San Juan. Según las investigaciones preliminares, la adjudicación de estas viviendas habría beneficiado directamente a cargos públicos y sus allegados, lo que ha generado un clima de sospecha sobre la transparencia en los procesos de vivienda social en el consistorio.
Cronología de un escándalo: Adjudicaciones bajo sospecha
El origen del conflicto reside en la titularidad de cuatro inmuebles protegidos, que habrían sido escriturados a nombre de la propia edil de Urbanismo, los hijos de Pérez-Hickman y un técnico del área de arquitectura municipal. Este hecho salió a la luz tras una investigación periodística que puso en entredicho la ética en el reparto de recursos públicos destinados a sectores vulnerables o con necesidades específicas de vivienda.
- Rocío Gómez: La edil sostiene que su vinculación con la cooperativa de viviendas es previa a su entrada en la política activa en 2023.
- Pérez-Hickman: Su salida se vincula directamente a la adquisición de inmuebles por parte de sus familiares directos en la misma promoción.
- Investigación abierta: El Ayuntamiento ha recopilado documentación exhaustiva para esclarecer si existió algún tipo de trato de favor o conflicto de intereses.
La postura del Alcalde y la reforma de la normativa de VPO
Ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha adoptado una postura de máxima firmeza. El primer edil no solo ha aceptado las dimisiones para garantizar la limpieza en la investigación, sino que ha elevado el debate a una escala superior, exigiendo cambios legislativos inmediatos. Barcala ha instado tanto a la Generalitat Valenciana como al Gobierno central a revisar y endurecer las normativas de acceso a la vivienda protegida para evitar vacíos legales que permitan estas situaciones.
El compromiso expresado por la alcaldía es el de depurar responsabilidades de forma integral, asegurando que el proceso de investigación interna se desarrolle sin interferencias políticas. Esta estrategia busca mitigar el daño reputacional que este escándalo supone para el equipo de gobierno del Partido Popular en la capital de la Costa Blanca.
El futuro de la gestión urbanística y la defensa de Rocío Gómez
Desde el entorno de Rocío Gómez se insiste en que su renuncia busca proteger la institución mientras ella se encuentra en baja por maternidad. Como arquitecta de profesión, Gómez ha defendido la legalidad de su participación en la cooperativa, alegando que ocupaba un número de orden legítimo (el 18) mucho antes de ostentar cualquier cargo público. Sin embargo, la incompatibilidad estética y política de su posición ha hecho insostenible su permanencia en el área de Urbanismo.
En los próximos días se formalizará el relevo en la concejalía, poniendo fin a una etapa de poco más de dos años y medio marcada por este último incidente. La crisis de las viviendas protegidas en Alicante queda ahora en manos de los técnicos y, previsiblemente, de los tribunales, mientras la ciudad espera una reestructuración que devuelva la confianza en la gestión del suelo y la vivienda pública.