La aparente tranquilidad institucional que acompañó la llegada de Salvador Illa a la Generalitat ha saltado por los aires. El detonante no ha sido una ley simbólica, sino el deterioro crónico de las infraestructuras ferroviarias. Tras los últimos episodios de parálisis en el servicio de Rodalies, el independentismo más joven ha decidido rescatar su versión más cruda, reactivando consignas directas contra las instituciones españolas para canalizar la indignación de miles de usuarios atrapados.
El retorno de la retórica confrontativa en el transporte
Bajo el lema «Puta Renfe, Puta España», las juventudes de Esquerra Republicana (JERC) han roto la tregua política. Esta estrategia no es una simple pataleta juvenil; representa el retorno a una narrativa de agravio comparativo y «expolio fiscal» que busca cohesionar a una base social desmovilizada. Para el independentismo, el caos en las vías no es un problema técnico, sino la prueba fehaciente de una falta de inversión sistémica por parte del Estado en Cataluña.
A diferencia de etapas previas del procés, donde el enemigo era exclusivamente externo, la actual crisis de movilidad ha generado fricciones internas. El foco se centra ahora en la gestión de la empresa mixta creada entre el Gobierno central y la Generalitat, un organismo que, en lugar de solucionar el conflicto, ha servido de arma arrojadiza entre las diferentes facciones del soberanismo.
El dilema de ERC: Entre la gestión y la protesta
La creación de Rodalies de Catalunya SME, SA, formalizada a principios de año, prometía ser el inicio del fin de los problemas ferroviarios. Con un capital fundacional de dos millones de euros y una participación del 49,9% para la Generalitat y el 50,1% para Renfe, el acuerdo defendido por Oriol Junqueras se ha convertido en una trampa política. Críticos internos y sectores afines a Junts argumentan que el traspaso fue un «error estratégico», ya que la administración catalana asume ahora el desgaste político de los retrasos sin tener el control real sobre las inversiones.
Para intentar paliar el daño reputacional, Esquerra situó a Marc Sanglas, un perfil técnico y político de confianza de Pere Aragonès, en el consejo de administración de la nueva sociedad. Sin embargo, la presencia de nombres propios del partido en la gestión directa dificulta que las críticas se dirijan exclusivamente hacia Madrid, obligando a las bases del partido a elevar el tono para evitar ser señalados como corresponsables del caos.
Demandas urgentes y presión en las redes
La presión no solo es retórica; las juventudes republicanas han puesto sobre la mesa una serie de exigencias inmediatas que van más allá del ámbito ferroviario. La intención es forzar al Ejecutivo de Illa y al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar medidas de choque que alivien la crisis de movilidad:
- Apertura inmediata y obras de urgencia en la AP-7 para descongestionar el tráfico terrestre.
- Incremento masivo de la flota de autobuses interurbanos como alternativa real al tren.
- Garantía por ley del derecho al teletrabajo en todos los sectores donde sea viable mientras persista la inestabilidad en Rodalies.
- Reanudación total del servicio en líneas regionales sin «inventos» administrativos.
Puigdemont y la competencia por el relato soberanista
Desde el exterior, Carles Puigdemont ha aprovechado la coyuntura para reforzar su perfil de línea dura. A diferencia del enfoque negociador inicial de ERC, el líder de Junts exige el traspaso integral de la red ferroviaria, rechazando fórmulas de gestión compartida que, a su juicio, solo sirven para diluir responsabilidades. Esta competencia por ver quién es más contundente frente al Estado está reactivando un eje de conflicto que parecía dormido tras la aplicación de la amnistía.
En definitiva, lo que comenzó como un problema de catenarias y mantenimiento se ha transformado en un nuevo capítulo de tensión política. El malestar social por el transporte público se ha revelado como el combustible perfecto para que el independentismo recupere su lenguaje más beligerante, poniendo a prueba la resistencia del actual pacto de gobierno y la capacidad de gestión de una Generalitat que ahora comparte el tablero con el Estado.