La formación independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha impulsado una ambiciosa batería de enmiendas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de remodelar aspectos estructurales del **sistema judicial español** y de la gestión de la **libertad de expresión**. Estas propuestas, que se enmarcan en la reforma del Código Penal, no solo buscan proteger la manifestación política en las calles, sino también descentralizar el poder judicial y eliminar tribunales con competencias especiales.
Hacia la disolución de la Audiencia Nacional y la descentralización judicial
Uno de los puntos más disruptivos en la estrategia de ERC es la **supresión de la Audiencia Nacional**. La propuesta plantea que las causas que actualmente gestiona este tribunal de excepción pasen a manos de los juzgados ordinarios, siguiendo los criterios de la **Ley de Enjuiciamiento Criminal**. Esta medida obligaría al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a diseñar una hoja de ruta para el traspaso efectivo de competencias.
De forma paralela, el partido liderado en Madrid por Gabriel Rufián aboga por una mayor **soberanía judicial** mediante la creación del **Consejo de Justicia de Cataluña**. Este organismo actuaría como una pieza desconcentrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con su sede principal en **Barcelona**. Entre sus funciones destacarían:
- Gestión del gobierno judicial en territorio catalán.
- Inspección y régimen disciplinario de los jueces.
- Nombramientos y organización de la planta judicial regional.
- Supervisión de la formación de los magistrados.
Protección de la simbología política y libertad de expresión
En el ámbito de la seguridad ciudadana y el orden público, ERC pretende modificar el reglamento disciplinario de la **Policía Nacional**. La intención es tipificar como **falta grave** la retirada o destrucción sin justificación de emblemas políticos, tales como **pancartas, banderas esteladas o insignias**. Con esto, se busca limitar la discrecionalidad policial en el espacio público frente a manifestaciones de carácter ideológico.
Asimismo, la formación insiste en la eliminación de los delitos de **injurias a la Corona**. Según la formación, los tipos penales que blindan a la monarquía frente a la crítica o la protesta son anacrónicos y chocan con los estándares democráticos europeos, por lo que apuestan por equiparar la protección de la jefatura del Estado a la de cualquier otro ciudadano.
Memoria democrática y lucha contra la corrupción
Las enmiendas también ponen el foco en la **reparación histórica**. ERC propone retocar el artículo 510.1 del Código Penal para fortalecer la lucha contra los **discursos de odio**, incluyendo específicamente a las víctimas de la **Guerra Civil** y de la dictadura franquista. El objetivo es que la ley castigue con mayor precisión las conductas de incitación al odio contra estos colectivos históricos.
Por otro lado, se plantea un blindaje exhaustivo para los **denunciantes de corrupción**. La propuesta incluye:
- Declarar nulas cualquier tipo de represalias laborales.
- Garantizar la reincorporación inmediata al puesto de trabajo tras una denuncia.
- Mecanismos de revisión judicial para anular sanciones previas a los alertadores.
Modernización del Registro Civil y matrimonios
Finalmente, el paquete de medidas busca agilizar la administración civil. ERC propone ampliar la lista de autoridades capacitadas para celebrar **matrimonios civiles**, permitiendo que jueces de paz, notarios, letrados de la Administración de Justicia y otros funcionarios puedan tramitar estos expedientes. Esta reforma pretende reducir los tiempos de espera y descongestionar los **Registros Civiles**, adaptando la legislación a la realidad social actual.
Estas iniciativas reflejan una voluntad clara de ERC por incidir en la arquitectura institucional del Estado, priorizando la **libertad política** y la descentralización de los organismos que, a su juicio, frenan el ejercicio de los derechos fundamentales en Cataluña.