El escenario judicial que envuelve al exdirigente de Sumar, Íñigo Errejón, se traslada ahora a las salas de la Audiencia Provincial de Madrid. La estrategia de su defensa se ha centrado en un punto técnico de no retorno: la validez legal de la renuncia que la actriz Elisa Mouliaá formalizó meses atrás. Según el equipo jurídico del expolítico, una vez que una denunciante manifiesta de forma voluntaria y consciente su deseo de abandonar el proceso, dicha decisión adquiere un carácter irrevocable que debería forzar el cierre inmediato de las actuaciones por presunta agresión sexual.
La tesis de la irrevocabilidad: Un acto jurídico de voluntad propia
La abogada de Errejón, Eva Gimbernart, sostiene en su último recurso que la justicia no puede actuar de forma arbitraria ante los cambios de parecer de las partes. El argumento central reside en que la firma de Mouliaá no fue un error ni un acto impulsivo, sino una decisión unilateral y personalísima. Al haberse realizado de «puño y letra» y tras haber sido advertida por su propio letrado de las consecuencias, la defensa considera que el sistema judicial no puede permitir que la actriz recupere su condición de acusación tras haberla abandonado formalmente.
Desde una perspectiva técnica, el recurso incide en que no existen evidencias de que el estado mental de la denunciante estuviera alterado en el momento de la renuncia. Aunque se ha mencionado un cuadro depresivo, la defensa argumenta que no hay una correlación clínica que invalide su capacidad para tomar decisiones jurídicas en aquel momento, calificando de «inconsistente» el intento de la actriz por reengancharse al proceso judicial.
El choque de criterios entre el Juzgado y la Audiencia de Madrid
Este nuevo movimiento busca tumbar la decisión previa del magistrado Adolfo Carretero, quien en primera instancia rechazó el archivo. El juez instructor consideró que la ratificación posterior de Mouliaá era suficiente para mantener vivo el procedimiento. Sin embargo, la defensa de Errejón ve en esta decisión un vicio procesal, insistiendo en que la normativa vigente obliga al sobreseimiento libre cuando la parte acusadora desiste de su acción penal de manera expresa.
- La defensa apela a la seguridad jurídica frente a la retractación de la víctima.
- Se cuestiona la validez de continuar un proceso donde la Fiscalía ya ha mostrado posturas favorables a la absolución.
- Se busca sentar un precedente sobre la estabilidad de las renuncias en delitos contra la libertad sexual.
La Doctrina Botín como escudo para el sobreseimiento
Uno de los puntos más relevantes del recurso es la invocación de la conocida Doctrina Botín. Este principio jurisprudencial establece que un proceso penal no puede sostenerse exclusivamente sobre una acusación popular si tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitan el archivo o no ejercen la acción. En este caso, si la Audiencia de Madrid valida que la renuncia de Mouliaá fue efectiva y firme, Errejón quedaría en una posición donde la causa carecería de legitimación activa para seguir adelante.
Este enfoque jurídico gana peso tras el reciente archivo de una segunda denuncia contra el exdiputado. En aquel caso, la incomparecencia y falta de ratificación de la denunciante llevaron a una jueza a decretar el cierre de las diligencias. La defensa utiliza este antecedente para subrayar que la falta de impulso procesal por parte de quienes denuncian debe conllevar, por imperativo legal, la finalización de la investigación.
Hacia una resolución definitiva del caso Errejón
El futuro procesal de Íñigo Errejón depende ahora de la interpretación que haga la Audiencia Provincial sobre los límites de la autonomía de la voluntad en el derecho penal español. Mientras la acusación intenta mantener el pulso argumentando una crisis de ansiedad transitoria, la defensa blinda su postura en la jurisprudencia que impide que los juzgados se conviertan en escenarios de decisiones erráticas.
En conclusión, el caso entra en una fase estrictamente técnica donde la forma prevalece sobre el fondo. Si el tribunal superior determina que la renuncia inicial fue un acto jurídico válido y definitivo, el procedimiento por agresión sexual contra el expolítico se encamina hacia un archivo definitivo, cerrando uno de los capítulos judiciales más mediáticos de la política reciente en España.