La estrategia del silencio sigue siendo la tónica dominante entre los antiguos mandos de la organización terrorista ETA. En una reciente comparecencia telemática desde diversos centros penitenciarios, los antiguos integrantes de la dirección de la banda han optado por el hermetismo procesal ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Esta comparecencia buscaba esclarecer la autoría intelectual de dos episodios trágicos: el ataque a la casa-cuartel de Santa Pola en 2002 y el asesinato del coronel Pedro Antonio Blanco en el año 2000.
El mutismo como estrategia de los antiguos jefes de la banda
Figuras históricas del entramado terrorista como Javier García Gaztelu, conocido bajo el alias de Txapote, y María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, han evitado responder a las preguntas del magistrado Antonio Piña. Esta actitud no es nueva en los procesos que intentan determinar la responsabilidad de la denominada «Zuba» (el comité ejecutivo de ETA) en los atentados que marcaron el inicio del siglo XXI en España.
Junto a ellos, otros nombres relevantes de la estructura criminal como Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Mújica (alias Olga) y Félix Ignacio Esparza también han hecho valer su derecho a no declarar. La justicia española intenta determinar si, más allá de quienes apretaron el gatillo o activaron los explosivos, existió una instrucción directa y jerárquica emanada desde la cúpula para ejecutar estas acciones de terror.
Santa Pola: Un ataque diseñado para presionar al Estado
El atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola, ocurrido el 4 de agosto de 2002, representa uno de los puntos más oscuros de la historia reciente de Alicante. La explosión de un coche bomba no solo dejó cuantiosos daños materiales, sino que segó la vida de Cecilio Gallego y de la pequeña Silvia Martínez, de apenas seis años. La investigación judicial actual sostiene la tesis de que este atentado no fue una acción aislada de un comando autónomo.
- El ataque se planteó como una represalia directa contra la Ley de Partidos.
- Se buscaba castigar el proceso de ilegalización de Batasuna iniciado por el Gobierno.
- La estructura cuasi militar de ETA implicaba que un golpe de esta magnitud requería el visto bueno de la dirección.
Aunque en 2012 la justicia ya condenó a los autores materiales, Andoni Otegi Eraso y Óscar Celarain Ortiz, a penas que suman más de 800 años de prisión, el foco actual se centra en la responsabilidad mediata de quienes planificaron la estrategia de terror desde el anonimato de la dirección.
El asesinato del coronel Blanco y el fin de la tregua
El otro eje de las investigaciones afecta al asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid, en enero del año 2000. Este crimen fue especialmente significativo, ya que supuso la ruptura fáctica de la tregua que la banda mantenía en aquel momento. La comparecencia de este martes incluía interrogatorios específicos para Olarra Guridi y Mújica sobre su papel en la orden de reanudar la actividad armada con este asesinato mediante coche bomba.
El papel de las asociaciones de víctimas en la causa
El impulso de estos procedimientos judiciales no es casual. Detrás de la reactivación de estas causas se encuentra el trabajo jurídico de colectivos como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la plataforma Dignidad y Justicia. Estas organizaciones han sido las principales promotoras de que se investigue a la cúpula de la banda, argumentando que ningún atentado importante se cometía sin que la dirección tuviera conocimiento y control total sobre los objetivos y el calendario de ataques.
A pesar del silencio mantenido por los investigados, la causa sigue adelante apoyada en informes de inteligencia que analizan la cadena de mando de ETA. La justicia busca cerrar un ciclo de impunidad respecto a los cerebros que, desde la retaguardia, decidieron sobre la vida y la muerte de ciudadanos y servidores públicos durante décadas.