El proceso judicial que envuelve a las antiguas religiosas de Belorado ha sumado un nuevo capítulo de alta tensión en los tribunales vascos. Las exmonjas cismáticas han comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao para responder a las graves acusaciones de maltrato y abandono que pesan sobre ellas, relacionadas con el cuidado de las hermanas de avanzada edad que residían en el convento de Orduña.
La defensa judicial del grupo cismático en Bilbao
Durante su declaración, las investigadas han mantenido una postura firme, calificando las denuncias como carentes de fundamento. Sor Sion y Sor Paloma, quienes acudieron presencialmente a la sede judicial mientras otras cuatro compañeras testificaban mediante videoconferencia, expresaron que esta situación es el golpe más duro que han recibido tras su ruptura con la Iglesia Católica en mayo de 2024. Según su testimonio, el bienestar de las hermanas mayores ha sido siempre el pilar central de su vida comunitaria.
El equipo legal de las exmonjas, encabezado por el letrado Florentino Aláez Serrano, sostiene que el trato brindado a las religiosas ancianas fue impecable. La defensa busca el archivo de la causa, argumentando que no existen pruebas que sostengan un comportamiento delictivo y que las decisiones tomadas siempre respondieron a imperativos éticos y afectivos, desmintiendo cualquier intención de causar daño o desatención.
Cargos graves: Del abandono a la administración desleal
A pesar de las declaraciones de inocencia, la investigación judicial abarca un espectro de posibles delitos que complican el horizonte jurídico de las ocho exmonjas. El tribunal analiza si se produjeron irregularidades que van más allá del trato personal, incluyendo aspectos de gestión económica y documental.
- Delitos contra la integridad: Coacciones y trato degradante hacia las religiosas más vulnerables.
- Faltas de auxilio: Abandono y omisión del deber de socorro.
- Irregularidades administrativas: Falsedad documental y una presunta administración desleal de los bienes del monasterio.
El antecedente del desalojo sanitario en Orduña
La raíz de este conflicto judicial se remonta al pasado 18 de diciembre, cuando una intervención de la Guardia Civil, bajo mandato judicial, forzó el traslado de cinco religiosas de entre 87 y 101 años al hospital de Basurto. Esta acción se desencadenó tras informes que alertaban sobre deficiencias higiénico-sanitarias preocupantes en el monasterio vizcaíno.
A esto se sumaron las constantes quejas de los familiares de las ancianas, quienes denunciaron reiteradamente que las exmonjas de Belorado les impedían mantener un contacto fluido o visitar a sus allegadas. Sin embargo, las investigadas sostienen que las propias religiosas bajo su custodia manifestaron en diversas ocasiones su deseo de no abandonar el convento, contradiciendo la versión oficial que motivó el traslado hospitalario.
Hacia el desahucio y la batalla en el Tribunal Supremo
Mientras la causa penal sigue su curso, el conflicto inmobiliario también presiona al grupo cismático. El próximo 12 de marzo es la fecha marcada para el posible desahucio del monasterio de Belorado. La defensa ha calificado esta medida de precipitada, ya que consideran que debería esperarse a la resolución del recurso de casación que pretenden elevar ante el Tribunal Supremo.
Este entramado legal pone de manifiesto la compleja situación de unas exreligiosas que, tras abandonar la disciplina del Vaticano, se encuentran ahora en una encrucijada donde su libertad y su permanencia en los inmuebles que han habitado durante décadas dependen de una sentencia judicial que aclare si hubo negligencia en los cuidados o si se trata de una campaña de desprestigio derivada de su cisma religioso.