El horizonte judicial del grupo parlamentario Sumar se ensombrece tras la reciente determinación de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha formalizado la apertura de una causa contra el diputado Félix Alonso Cantorné, centrando el foco en su gestión previa como alcalde de Altafulla (Tarragona), donde se habrían detectado indicios de una gestión administrativa arbitraria y contraria a derecho.
El presunto abuso de la contratación directa en Altafulla
La investigación que ahora asume el magistrado Vicente Magro como instructor profundiza en la metodología utilizada por el Ayuntamiento de Altafulla entre los años 2011 y 2019. Según la documentación analizada, el consistorio, bajo el mandato de Alonso, habría mantenido vínculos comerciales con las firmas Sinergia Dret i Medi Ambient y Milá Advocats SLP al margen de los cauces legales establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público.
Los indicios sugieren que se pudo utilizar de forma recurrente la figura del contrato menor para evitar los procesos de licitación abierta. Esta práctica, según el auto judicial, presentaría las siguientes irregularidades estratégicas:
- Elusión de la publicidad: Se evitó que otras empresas pudieran competir por los servicios, limitando la transparencia del proceso.
- Elección arbitraria: La adjudicación directa habría permitido seleccionar a dedo a los beneficiarios sin justificación técnica objetiva.
- Apariencia de legalidad: El uso de contratos menores se habría utilizado presumiblemente para fragmentar servicios que, por su cuantía, requerían un concurso público formal.
El salto de la causa al Tribunal Supremo por aforamiento
El origen de este procedimiento se remonta a una exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 4 de El Vendrell. Al ostentar Alonso la condición de diputado en el Congreso, el juez de instancia carece de competencias para procesarlo, lo que obliga a derivar el caso a la Sala de lo Penal del Supremo. La Fiscalía ha respaldado esta transición al considerar que existen fundamentos sólidos para investigar un presunto delito de prevaricación administrativa.
El tribunal destaca que no se trata de una investigación estática. Se define como un proceso de «cristalización progresiva», lo que implica que, aunque inicialmente se analice la prevaricación bajo el artículo 404 del Código Penal, el flujo de la investigación y el análisis de la facturación municipal podrían derivar en otros tipos penales si se confirman irregularidades en los pagos efectuados.
Implicaciones legales y el papel de la instrucción
La designación de Vicente Magro busca dar respuesta a las sospechas sobre si el actual representante de Sumar actuó a sabiendas de la ilegalidad de sus resoluciones. La justicia deberá determinar si la dinámica de contratación fue una excepción administrativa o un sistema instaurado para favorecer a entidades específicas durante casi una década de poder municipal.
Este escenario coloca a Félix Alonso en una situación comprometida, donde la fiscalización de su pasado político en Tarragona impacta directamente en su actividad legislativa actual. El avance de las diligencias será clave para discernir si la discrecionalidad en el gasto público de Altafulla cruzó la línea roja de la responsabilidad penal.