La actual crisis humanitaria en la ciudad autónoma ha movilizado a una red de más de 110 colectivos feministas de todo el país. Estas organizaciones han dirigido una petición formal al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitando que se ejecute de manera inmediata el traslado de las niñas migrantes no acompañadas hacia recursos de acogida en la península. La demanda se fundamenta en la necesidad de garantizar la protección integral de las menores, un grupo cuya vulnerabilidad se ve agravada por las condiciones de saturación actuales.
El marco legal de 2025 como eje de la reubicación
El argumento central de los colectivos firmantes reside en el estricto cumplimiento de la normativa vigente. La reciente reforma de la ley de extranjería, consolidada en 2025, no es una sugerencia administrativa, sino un mandato que establece protocolos claros para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Este mecanismo fue diseñado precisamente para evitar el colapso de territorios fronterizos como Ceuta o Canarias.
Según los puntos clave defendidos por las asociaciones, el sistema legal actual exige:
- La aplicación del principio de solidaridad obligatoria entre las diversas comunidades autónomas.
- El cumplimiento de un plazo máximo de quince días para materializar los traslados una vez detectada la sobrecapacidad.
- La prevalencia del interés superior del menor por encima de cualquier discrepancia política o presupuestaria.
Un frente común contra el bloqueo autonómico
La misiva, que ha ganado tracción desde núcleos activistas en Granada y se ha extendido a plataformas en Galicia, Cataluña, Madrid y Andalucía, denuncia abiertamente la resistencia de ciertos gobiernos regionales. Para el movimiento feminista, la negativa de algunas comunidades a recibir a las menores constituye una ruptura del pacto constitucional y de la cohesión territorial. Subrayan que la tutela efectiva de estas niñas es responsabilidad de la administración ceutí, la cual debe activar los resortes legales para desplazarlas a entornos seguros.
Desde una perspectiva de género, las organizaciones inciden en que las niñas enfrentan riesgos específicos en contextos de hacinamiento. Por ello, la reubicación en recursos especializados en la península no solo es una cuestión de logística migratoria, sino una medida de prevención contra posibles violencias y una garantía de sus derechos fundamentales recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Obstáculos diplomáticos y el papel de Marruecos
Mientras la presión interna crece, el panorama exterior añade complejidad a la gestión de los menores. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se ha señalado directamente la falta de cooperación de las autoridades marroquíes. A pesar de los intentos de reagrupación familiar en los casos donde existe consentimiento por ambas partes, el país vecino ha mostrado una actitud obstructiva que impide el retorno seguro.
Esta parálisis diplomática refuerza, a juicio de las entidades feministas, la urgencia de integrar a las menores en el sistema de protección nacional. La inacción exterior no debe traducirse en un confinamiento indefinido en Ceuta, sino en una respuesta coordinada que distribuya la responsabilidad de acogida de forma equitativa por todo el territorio español, evitando que la carga recaiga exclusivamente en el punto de llegada.
Conclusión: Un compromiso ético y constitucional
El manifiesto concluye con un recordatorio sobre la obligación moral de los poderes públicos. No se trata únicamente de gestionar flujos de personas, sino de proteger la infancia más desvalida. El cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor es la última línea de defensa para estas niñas, y su traslado a la península se presenta como la única vía legal y humanitaria viable para asegurar su bienestar futuro.