Resiliencia institucional frente a la crisis de violencia machista
En un contexto marcado por la conmoción social tras los recientes crímenes en Antequera y Toledo, la Fiscalía de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer ha salido en defensa de las herramientas de protección vigentes. María Eugenia Prendes, titular de este departamento, sostiene que la concentración de asesinatos en periodos breves genera una alarma justificada, pero advierte que esto no debe interpretarse como un colapso del sistema defensivo del Estado.
La perspectiva de la Fiscalía se centra en la naturaleza preventiva de las instituciones. Según Prendes, el éxito del modelo español reside en los miles de casos que logran neutralizarse antes de llegar a un desenlace fatal, aunque estos, por su propia naturaleza, no trascienden a la opinión pública con la misma fuerza que las tragedias confirmadas. El debate surge tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de dos nuevos asesinatos de mujeres de 29 y 45 años, respectivamente, reabriendo la herida sobre la vulnerabilidad de las víctimas.
Puntos críticos: El riesgo en las fases de ruptura y convivencia
El análisis de la Fiscalía identifica momentos de peligro extremo que requieren una vigilancia reforzada. No se trata únicamente de un factor estacional vinculado al verano, sino de dinámicas psicológicas y sociales complejas:
- Convivencia intensificada: Periodos donde el contacto constante puede exacerbar las conductas agresivas.
- Procesos de separación: El momento en que la mujer decide romper el vínculo es cuando el deseo de dominación y control del agresor se dispara, elevando exponencialmente el riesgo.
- Falta de autopercepción: Un desafío persistente, especialmente entre las mujeres más jóvenes, es la dificultad para reconocerse como víctimas de violencia de género en sus etapas iniciales.
La evaluación técnica por encima de la voluntad procesal
Uno de los casos más controvertidos ha sido el de Antequera, donde existían denuncias previas y se había solicitado la retirada de medidas cautelares de mutuo acuerdo antes del crimen. Ante esta realidad, la Fiscal Prendes propone una reflexión sobre la autonomía de la víctima frente a la seguridad objetiva.
La postura oficial aboga por priorizar la evaluación del riesgo realizada por expertos y el sistema Viogen. La Fiscalía defiende que el Ministerio Público debe tener la potestad de actuar de oficio, manteniendo las órdenes de protección incluso si la víctima solicita su cese, siempre que los indicadores técnicos muestren que el peligro persiste. Esta medida busca blindar a la mujer en momentos de posible coacción o de una percepción de seguridad irreal.
Hacia un análisis sociológico en el Comité de Crisis
La respuesta institucional no se detiene en la defensa de los protocolos, sino que busca su perfeccionamiento mediante el estudio detallado de cada fallo. De cara al próximo comité de crisis, la Fiscalía trabaja en la elaboración de informes exhaustivos que van más allá del historial delictivo.
Este enfoque integral pretende construir una «fotografía completa» de cada asesinato, analizando factores de vulnerabilidad específicos y datos sociológicos que permitan anticiparse a futuros escenarios. La premisa es clara: la violencia machista es un fenómeno multifactorial donde la denuncia es una herramienta crucial, pero no siempre la solución definitiva, exigiendo un compromiso activo de todas las instituciones y de la vigilancia individual para detectar las señales de auxilio antes de que sea demasiado tarde.