El sector de las energías renovables en España se enfrenta a un nuevo terremoto judicial que pone en entredicho la ética en la tramitación de proyectos energéticos. La Guardia Civil ha puesto el foco sobre Forestalia, el gigante aragonés liderado por Fernando Samper, bajo la sospecha de haber articulado una red de influencia basada en el fichaje sistemático de antiguos responsables públicos. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, trata de determinar si la adquisición de pequeñas empresas consultoras fue, en realidad, un mecanismo para camuflar sobornos a cambio de favores administrativos.
La sombra del soborno en la compra de Viadós
El epicentro de las pesquisas se sitúa en la operación de compra de Viadós, una mercantil constituida en 2015 por Alfredo Boné, quien fuera consejero de Medio Ambiente en Aragón, junto a su antigua jefa de gabinete y su director general, Luis Marruedo. Según los informes de los investigadores, Forestalia desembolsó más de cuatro millones de euros por esta sociedad, una cifra que los agentes consideran desproporcionada respecto al valor real de mercado y la facturación de la consultora.
La tesis judicial sugiere que esta transacción no respondió a una lógica empresarial convencional, sino que podría tratarse de un pago en diferido por gestiones realizadas mientras estos cargos estaban en activo o para garantizar su influencia futura. Tras la adquisición, Viadós cambió su nombre a Athmos Sostenibilidad y trasladó su sede social al mismo edificio madrileño que ocupa el grupo de Samper, reforzando la hipótesis de que la empresa fue creada con un fin instrumental para canalizar fondos hacia los ex altos cargos.
Un ecosistema de influencias: Del Ministerio a la Generalitat
La estrategia de captación de perfiles políticos de Forestalia no se limitó a Aragón. La compañía ha tejido una red de asesores que incluye a figuras de primer nivel de distintos signos políticos, lo que el juez investiga como un posible método para allanar el camino administrativo de sus parques eólicos y fotovoltaicos. Entre los nombres más destacados en la órbita de la energética aparecen:
- José Manuel Soria: El exministro de Industria, Energía y Turismo durante el Gobierno de Rajoy, cuya labor de asesoría comenzó tras su salida de la política activa.
- Felip Puig y Josep Grau: Exconsejeros de la Generalitat de Cataluña vinculados a carteras de Medio Ambiente y Agricultura, fundamentales para la gestión territorial de plantas energéticas.
- Pere Palacín y Mercè Rius: Antiguos directores generales de Energía en Cataluña, quienes poseían un conocimiento técnico y normativo clave para el sector.
- Carlos Ontañón: Quien fuera responsable del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), organismo crítico en la aprobación de licencias.
La manipulación de las Declaraciones de Impacto Ambiental
Más allá de los nombres propios, el núcleo del caso radica en la posible alteración de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). La Guardia Civil sospecha que la presencia de estos ex altos cargos en la estructura de Forestalia, ya sea como empleados o asesores externos, facilitó la obtención de informes favorables que, en condiciones normales, habrían sido rechazados por criterios de sostenibilidad o conservación del territorio.
Los registros realizados en las sedes de la compañía en Madrid y Zaragoza buscan pruebas documentales sobre cómo se gestionaron estos expedientes. Se investiga si existió una manipulación deliberada de los trámites administrativos para acelerar el despliegue de infraestructuras energéticas, eludiendo los controles ambientales obligatorios. Esta presunta trama delictiva abarcaría delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Empresas pantalla y movimientos de domicilio social
La investigación también ha detectado un patrón repetitivo en la creación y mudanza de sociedades vinculadas a los ex dirigentes aragoneses. Un ejemplo es Environmental Solutions, otra firma constituida por el equipo de Boné que, al igual que Viadós, terminó compartiendo domicilio social con Forestalia en Zaragoza. La UCO (Unidad Central Operativa) sospecha que este trasiego de sedes y cambios de administradores buscaba diluir el rastro de la relación económica entre el gigante energético y los exfuncionarios.
Luis Marruedo se perfila como una de las figuras clave en este esquema, al ocupar cargos directivos en decenas de sociedades controladas por Samper tras su paso por la administración pública. Su transición de supervisor ambiental a directivo de la empresa supervisada representa, para los investigadores, el ejemplo más claro de las puertas giratorias que podrían haber servido para facilitar el crecimiento explosivo de Forestalia en la última década.
Implicaciones para el modelo energético español
Este caso trasciende la mera crónica judicial, ya que pone en el punto de mira el proceso de transición energética en España. Si se confirma que la aprobación de parques renovables dependió de una red de favores y pagos a políticos, la seguridad jurídica de numerosos proyectos podría verse comprometida. La investigación en Teruel es solo la punta del iceberg de un debate más amplio sobre la transparencia en la concesión de licencias para el sector de las energías limpias y la necesidad de regular de forma más estricta la actividad de los lobbies en las instituciones públicas.
Mientras la instrucción avanza, el sector observa con cautela cómo los tribunales desentrañan una trama donde la gestión pública y los intereses privados parecen haberse fusionado en un negocio de millones de euros, bajo la coartada de la sostenibilidad ambiental.