Un golpe quirúrgico contra el cerebro societario de Forestalia
Durante los meses de primavera de 2024, un incidente aparentemente aislado en el corazón del barrio de Salamanca encendió todas las alarmas en el ámbito judicial español. En las oficinas centrales de Forestalia, situadas en la exclusiva calle Ortega y Gasset, se produjo un allanamiento que destaca por su precisión técnica. Los asaltantes no buscaban dinero en metálico ni objetos de valor genéricos; su objetivo era un dispositivo electrónico específico: el ordenador de Roberto Pérez Águeda, el abogado que presuntamente orquestaba el complejo entramado de sociedades de la compañía.
La naturaleza del robo sugiere una planificación milimétrica. El terminal se encontraba en un despacho apartado, cerrado con llave y de difícil acceso para cualquier persona ajena a la operativa diaria de la empresa. Para los investigadores de la Policía Nacional, este detalle es fundamental: el ejecutor conocía perfectamente la ubicación exacta de la información sensible. Este suceso ocurrió poco después de que el Caso Koldo estallara públicamente, generando un clima de máxima tensión en el entorno de las empresas investigadas por presuntas irregularidades en licencias ambientales.
El abogado que conecta los puntos entre Koldo y SEPI
La figura de Pérez Águeda ha dejado de ser la de un simple asesor externo para convertirse en el nexo común de varias investigaciones que acosan al Ejecutivo. Considerado por la Guardia Civil como un presunto testaferro estratégico, su labor consistía en la creación, administración y posterior venta de decenas de mercantiles dedicadas a la energía eólica. Su implicación no se limita únicamente a Forestalia, sino que sus huellas dactilares jurídicas aparecen en otras tramas de gran calado político:
- Caso SEPI: Pérez Águeda ejerció como representante legal de Arapellet, una firma bajo sospecha por haber recibido presuntamente ayudas públicas por valor de 17 millones de euros de manera irregular.
- Trama de licencias: Se investiga si el entramado societario que él gestionaba sirvió para canalizar pagos de hasta 5,2 millones de euros a altos cargos a cambio de favores administrativos.
- Conexión Koldo: Su nombre aparece vinculado a empresas que terminaron en manos de socios directos de figuras relevantes del PSOE, cerrando un círculo de influencias que la justicia intenta desentrañar.
Las ramificaciones societarias en el entorno socialista
Uno de los puntos más críticos de la investigación reside en la empresa Next Generation Caliope Innova. Esta entidad, fundada originalmente por el propio Pérez Águeda, fue transferida en 2022 a Antxon Alonso, socio empresarial de Santos Cerdán. Lo llamativo de esta transacción no es solo el vínculo personal, sino el cronismo de los movimientos: la sede de la firma se mantuvo en el despacho del abogado hasta finales de 2023, coincidiendo temporalmente con hitos clave en los procesos judiciales abiertos contra la trama de asesoría del Ministerio de Transportes.
A pesar de que Pérez Águeda operaba principalmente desde su bufete en la calle Serrano, la intensidad de su relación con Forestalia era tal que disponía de ese despacho privado en la sede de la energética. El robo del portátil en dicho espacio ha dejado un vacío documental importante, aunque los peritos de la UCO han logrado compensar parte de esta pérdida analizando otros dispositivos electrónicos y conexiones seguras que mantenían el rastro de la operativa financiera del grupo.
Evidencias digitales y el rastro del servidor privado
Aunque el terminal sustraído en Ortega y Gasset sigue en paradero desconocido, la labor de la Guardia Civil ha permitido aflorar información crítica a través de terceras vías. Durante los registros realizados, los agentes detectaron que otros miembros del equipo jurídico utilizaban conexiones VPN para acceder a servidores privados de Forestalia. En estos espacios digitales se han localizado carpetas compartidas con documentación que podría ser clave para demostrar la manipulación de licencias ambientales y el flujo de capitales hacia el entorno de la trama Koldo.
El escenario actual plantea una incógnita sobre quién posee ahora la información del ordenador robado. Mientras la investigación sobre el asalto permanece en un punto muerto por falta de pruebas físicas, la causa principal avanza centrada en el papel de Pérez Águeda como el ingeniero jurídico que permitió que intereses energéticos y políticos convergieran en un mismo entramado de corrupción.
