La estabilidad institucional en Frigiliana se ha visto sacudida por una intervención judicial de gran envergadura. Lo que comenzó como una jornada ordinaria en el consistorio malagueño derivó en un exhaustivo registro de más de trece horas, culminando con la imputación formal del alcalde, Alejandro Herrero, y otros cinco representantes del grupo municipal socialista. La investigación, que ha generado un fuerte impacto en la comarca de la Axarquía, pone el foco sobre la gestión de los recursos públicos en el municipio.
Una maratoniana jornada de registros en el consistorio
El despliegue de la Guardia Civil no se limitó a las oficinas centrales del Ayuntamiento de Frigiliana. Por orden de la autoridad judicial, los agentes extendieron sus pesquisas a diversas dependencias municipales en una operación que se prolongó hasta altas horas de la noche. El registro, que finalizó cerca de las 22:30 horas, tuvo como objetivo principal la incautación de pruebas documentales que permitan esclarecer posibles irregularidades en la administración local.
Durante el proceso, el propio Alejandro Herrero supervisó la labor de los agentes, describiendo la jornada como un proceso intensivo de recopilación de datos y facturación. El volumen de información recabada sugiere una auditoría profunda de los movimientos económicos realizados por el equipo de gobierno en los últimos ejercicios, centrando la atención en el flujo de caudales públicos.
Claves de la imputación: Delitos bajo sospecha
Aunque la investigación se encuentra en una fase de análisis de pruebas, los indicios apuntan a delitos de extrema gravedad para la administración pública. El Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox coordina las diligencias que sitúan a los ediles frente a acusaciones de:
- Prevaricación administrativa: Por la posible adopción de resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia.
- Malversación de caudales: Referente a la presunta desviación o uso indebido de fondos pertenecientes al erario municipal.
- Otras irregularidades: La causa permanece abierta a nuevos tipos penales según avance el estudio de los documentos intervenidos.
Impacto político y próximos pasos judiciales
La situación procesal de los seis miembros del equipo de gobierno del PSOE abre un escenario de incertidumbre en Frigiliana. Los investigadores se centran ahora en digitalizar y analizar la ingente cantidad de fotocopias y archivos extraídos durante el registro para determinar el grado de participación individual en cada uno de los supuestos delitos.
A pesar de la gravedad de los hechos, el regidor ha intentado normalizar la situación ante los medios, restando peso a la intervención y calificándola como una tarea de recopilación administrativa. Sin embargo, la condición de investigados (antes conocidos como imputados) obliga a una reevaluación de la gobernanza en el municipio, mientras el juzgado de Torrox determina si existen pruebas suficientes para elevar el caso a juicio oral.
Este procedimiento marca un punto de inflexión en la política local, donde la transparencia de la gestión contable y el respeto a la normativa administrativa serán los ejes sobre los que gire la defensa de los cargos públicos implicados en esta trama judicial.