La defensa jurídica de Miguel Ángel Gallardo ha pasado a la ofensiva legal con un recurso de apelación que busca desmontar la condena de 18 años de inhabilitación impuesta recientemente. El exdirigente socialista extremeño ha elevado el caso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, solicitando una absolución completa tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que lo vinculó con irregularidades en la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón.
Un recurso fundamentado en la falta de evidencias directas
El núcleo de la estrategia del exsecretario general del PSOE de Extremadura reside en la denuncia de una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Según los argumentos presentados en el recurso, la sentencia condenatoria no se apoya en pruebas de cargo sólidas, sino que se sustenta en lo que califican como meras conjeturas y sospechas. La defensa sostiene que el tribunal de primera instancia realizó una valoración arbitraria de los hechos al considerar que el puesto de coordinador de conservatorios fue diseñado específicamente para el hermano del presidente del Gobierno.
La defensa de Gallardo es tajante al negar cualquier tipo de connivencia previa. Aseguran que, en el momento de la creación de la plaza en 2016, Gallardo ni siquiera conocía la existencia de David Sánchez, por lo que resulta imposible que hubiera una voluntad de adjudicarle el puesto de manera arbitraria. La relación posterior, una vez Sánchez se incorporó a la Diputación de Badajoz, se describe como estrictamente profesional, desmintiendo la cercanía personal que la sentencia original daba por probada.
Las dos prevaricaciones en el punto de mira judicial
El fallo judicial inicial desglosaba la responsabilidad de Gallardo en dos delitos diferenciados de prevaricación administrativa, ambos ahora recurridos:
- La creación de una plaza supuestamente «a medida» para David Sánchez en el año 2017.
- La transformación técnica de dicho puesto, que pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Respecto al segundo delito, el equipo legal de Gallardo argumenta que el relato de los hechos probados es insuficiente. Afirman que la modificación administrativa del puesto no constituye una ilegalidad manifiesta ni una resolución arbitraria, ya que respondía a necesidades organizativas de la propia institución provincial y no a un beneficio personal para el ocupante de la plaza.
Impugnación de los defectos de forma y la inhabilitación
Más allá del fondo de la contratación, el recurso también pone el foco en cuestiones de procedimiento técnico. Se cuestiona la reserva de acciones vinculada a un tercer posible delito de prevaricación relacionado con Luis Carrero, amigo personal de la familia Sánchez. Para la defensa, esta decisión infringe las normas procesales básicas que exigen que todos los delitos conexos sean tratados en una instrucción única, evitando la fragmentación de causas.
Finalmente, Gallardo considera que la extensión de su inhabilitación especial es desproporcionada. La sentencia le impide ejercer cargos en cualquier Administración Pública, un alcance que el recurso califica como excesivo, dado que los hechos juzgados se limitaban a su función como presidente de la Diputación de Badajoz. Este argumento busca, al menos, reducir el impacto de la condena en caso de que el TSJ de Extremadura no acepte la absolución total solicitada.
Expectativas ante el Tribunal Superior de Justicia
Con este movimiento, el escenario político y judicial en Extremadura queda a la espera de un dictamen que podría confirmar la caída definitiva de un peso pesado del PSOE regional o, por el contrario, dar un giro de 180 grados a un caso que ha tenido repercusión nacional. El recurso subraya que se obviaron testimonios clave de técnicos provinciales y que la investigación policial cambió de criterio sin una justificación clara, elementos que ahora el TSJ deberá examinar bajo una lupa de rigor técnico y jurídico.