El proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades tras la tragedia de la pasarela de El Bocal, en Santander, ha tomado un rumbo inesperado. La magistrada encargada del caso ha decidido modificar la situación procesal de la operadora del servicio de emergencias 112 que atendió la llamada de alerta un día antes del fatal desenlace, elevando su estatus de simple testigo a investigada.
Giro en la instrucción por negligencia en la gestión de avisos
Durante una comparecencia que se extendió por aproximadamente tres cuartos de hora, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander determinó que existen indicios suficientes para incluir a la gestora en el grupo de principales responsables. El foco de la investigación se centra en cómo se gestionó la comunicación de advertencia realizada por un ciudadano 24 horas antes de que la estructura colapsara.
Este cambio de estatus procesal sugiere que la justicia busca determinar si hubo una omisión de funciones o una gestión ineficaz del protocolo de seguridad que podría haber evitado el siniestro del pasado 3 de marzo, en el que seis jóvenes perdieron la vida y una séptima persona resultó gravemente herida.
La red de implicados en la causa judicial
Con la incorporación de esta empleada del 112 Cantabria, ya son cuatro las personas señaladas formalmente en el sumario. La investigación intenta desgranar una posible cadena de errores administrativos y operativos que involucra a distintas instituciones:
- Funcionarios de la Demarcación de Costas: Dos técnicos están siendo evaluados por el mantenimiento y la supervisión de la infraestructura.
- Fuerzas de seguridad: Una agente de la policía local, receptora directa del aviso transmitido por la central de emergencias, también figura como investigada.
- Servicios de emergencia: La gestora que procesó la llamada inicial y cuya actuación ahora se pone en entredicho bajo tutela judicial.
Declaraciones clave: alertas desoídas y primeros auxilios
En el marco de las diligencias actuales, el juzgado ha escuchado testimonios fundamentales para reconstruir los hechos. Entre ellos destaca la declaración del vecino que denunció el mal estado de la pasarela con antelación, reafirmando que el peligro era visible y que las autoridades fueron notificadas.
Asimismo, se ha tomado declaración a los ciclistas que descubrieron la escena del accidente y fueron los primeros en activar los servicios de socorro, además de otros ciudadanos que, meses atrás, ya habían intentado elevar quejas sobre la precariedad estructural de ese punto de la costa santanderina. La investigación continúa su curso para dirimir si este cúmulo de advertencias ignoradas constituye un delito de imprudencia profesional.