En un movimiento estratégico para movilizar al electorado progresista antes de la cita con las urnas el 29-N, el Gobierno ha iniciado una serie de Consejos de Ministros extraordinarios centrados en el blindaje de derechos sociales. Esta ofensiva legislativa busca consolidar el Estado del bienestar mediante medidas de alto impacto económico y social, encabezadas por el anuncio de una nueva subida en las prestaciones de jubilación y un refuerzo sustancial de la planta judicial española.
Impulso al sistema público: Pensiones al alza para 2027
La protección del poder adquisitivo de los mayores se ha situado como la piedra angular de esta estrategia. Elma Saiz, titular de Seguridad Social, ha adelantado que la revalorización de las pensiones entrará en vigor el próximo 1 de enero. Aunque el porcentaje definitivo está supeditado a los datos finales del IPC, las estimaciones técnicas sitúan el incremento en una horquilla de entre el 3% y el 4%.
Esta medida no solo busca un alivio inmediato para más de nueve millones de beneficiarios, sino que se integra en una tendencia de crecimiento sostenido. Según los informes técnicos del Ministerio, la cuantía de las prestaciones ha experimentado un aumento acumulado del 44,5% desde 2018. Destaca especialmente el esfuerzo en las pensiones no contributivas, que han escalado un 65% en el mismo periodo. Además, la gestión actual ha logrado elevar la edad de jubilación efectiva hasta los 65,4 años, gracias a una política activa de incentivos para el retraso voluntario del retiro profesional.
Refuerzo histórico en la carrera judicial y fiscal
El fortalecimiento de las instituciones democráticas es otro de los pilares de este paquete de reformas. El Ejecutivo ha aprobado la creación de 700 nuevas plazas judiciales para el ejercicio 2027, distribuidas en 500 puestos para jueces y 200 para fiscales. Esta ampliación supone un incremento cercano al 8% de la estructura actual, sumándose a un contingente similar aprobado el pasado verano.
Félix Bolaños ha defendido esta inversión como una necesidad para que la justicia funcione como un servicio público ágil y accesible. El objetivo es reducir el colapso administrativo y garantizar que la ciudadanía perciba una protección efectiva de sus derechos fundamentales en tiempos de alta litigiosidad.
Escudo social: Familias y Dependencia en el centro de la agenda
Más allá de las pensiones y la justicia, el paquete extraordinario aborda deudas históricas con la vulnerabilidad social. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- Protección a familias monomarentales: Se establece un nuevo título jurídico para reconocer su vulnerabilidad específica, con un plan dotado de 824 millones de euros.
- Inversión en Dependencia: Se han comprometido 7.240 millones de euros para el sistema en 2027, lo que representa un aumento del 124% respecto al presupuesto de 2023.
- Agilidad administrativa: El tiempo legal de respuesta para solicitudes de dependencia se reduce a la mitad, pasando de seis a tres meses.
- Seguridad Ferroviaria: Nuevas normativas para proteger a los maquinistas y la creación del Defensor de las Víctimas de Accidentes Colectivos.
El debate sobre la neutralidad institucional ante el 29-N
Esta intensa actividad legislativa no está exenta de tensiones políticas. La oposición y diversos sectores han señalado el posible uso electoralista de los Consejos de Ministros extraordinarios, lo que pone el foco sobre la Junta Electoral Central. El organismo ya ha advertido anteriormente sobre la necesidad de mantener la neutralidad institucional en periodos preelectorales, evitando utilizar los recursos del Estado para captar el favor del votante.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta con dos reuniones adicionales programadas antes del 29-N. En este clima de polarización, el Gobierno ha decidido postergar los asuntos más polémicos, como el futuro del ex fiscal general del Estado —condenado por revelación de datos reservados—, para evitar que interfieran directamente en el proceso democrático. La prioridad actual, según el discurso oficial, es blindar los pilares del bienestar antes de que se produzca un posible cambio de ciclo político.