La seguridad de las víctimas de violencia de género en España se enfrenta a un nuevo debate técnico y logístico. El Ejecutivo ha confirmado recientemente que el próximo sistema de seguimiento telemático para medidas de alejamiento no contará con conexión satelital directa. Esta decisión, fundamentada en lo que describen como «limitaciones técnicas relevantes», marca el rumbo de una licitación que supera los 71 millones de euros, pero que deja interrogantes sobre la protección en entornos aislados.
El dilema de la cobertura: Por qué el satélite no es opción
La principal razón esgrimida por el Gobierno para descartar la tecnología de satélites de órbita baja radica en su falta de madurez comercial en el territorio nacional. Actualmente, la tecnología conocida como Direct to Cell, que permitiría a dispositivos móviles conectarse sin necesidad de torres terrestres, se encuentra en una fase experimental. Según los informes técnicos, implementar un sistema basado en esta infraestructura en este momento comprometería la fiabilidad del servicio por varios motivos:
- Interrupciones físicas: La señal satelital requiere una línea de visión directa. Esto significa que en el interior de viviendas, edificios oficiales o incluso dentro de vehículos, la conexión podría perderse, dejando a la víctima vulnerable.
- Autonomía energética: El uso de frecuencias satelitales demanda un consumo de batería significativamente más alto, lo que reduciría drásticamente la operatividad de las pulseras sin una carga constante.
- Condiciones climáticas: A diferencia de las redes móviles tradicionales, la estabilidad del satélite puede verse afectada por fenómenos atmosféricos adversos.
Zonas rurales: ¿Víctimas de segunda categoría?
La exclusión de la cobertura satelital ha encendido las alarmas sobre la desprotección en la España rural. En zonas de montaña o municipios con baja densidad de población, donde la señal 4G o 5G es deficiente o inexistente, la ausencia de una alternativa satelital podría suponer un riesgo crítico. La crítica parlamentaria sugiere que el pliego de condiciones debería haber exigido el estándar 3GPP Release 17, una normativa técnica que ya contempla la integración de redes no terrestres.
El temor principal es la creación de una brecha de seguridad basada en la geografía. Sin embargo, el Gobierno insiste en que, antes de integrar estas soluciones, es imperativo esperar a que la tecnología evolucione para garantizar que el sistema de monitorización sea infalible en cualquier circunstancia, evitando falsas sensaciones de seguridad que podrían derivar en tragedias.
Inversión millonaria para blindar el Sistema Cometa
El nuevo contrato para la gestión de estos dispositivos tiene una ambición económica notable. Con un presupuesto base de 71.369.269 euros para los primeros tres años, la cifra podría escalar hasta los 111 millones de euros si se ejecutan las prórrogas previstas. Este despliegue financiero busca no solo renovar los dispositivos, sino optimizar toda la arquitectura que sustenta el Sistema Cometa.
Este esfuerzo presupuestario responde también a la necesidad de subsanar errores detectados anteriormente. La Fiscalía General del Estado ya había advertido en sus memorias más recientes sobre fallos operativos en el control de las pulseras antimaltrato. Por ello, el nuevo pliego pone especial énfasis en la integración de software, el procesamiento de datos y la capacidad de respuesta de la sala de control, asegurando que los dispositivos actuales puedan convivir con las nuevas soluciones técnicas sin perder eficiencia.
Perspectivas de futuro en la protección telemática
Aunque el satélite ha quedado fuera de esta licitación, el Ejecutivo no cierra la puerta de forma definitiva. Se espera que, conforme la tecnología Direct to Cell se despliegue de forma comercial y se estabilice en España, se realicen los ajustes necesarios en los contratos de mantenimiento para incorporar estas mejoras. Mientras tanto, el enfoque se mantiene en fortalecer la infraestructura terrestre y garantizar que los requisitos de seguridad y custodia de datos cumplan con los estándares más estrictos para proteger a las mujeres bajo medidas cautelares.
En conclusión, el Gobierno apuesta por una transición tecnológica prudente. En un ámbito donde un fallo técnico puede costar vidas, la prioridad se ha centrado en la estabilidad probada frente a la innovación experimental, a la espera de que el satélite sea capaz de ofrecer las garantías necesarias para un servicio tan crítico.