La amargura del fracaso tras el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 no se quedó en los pasillos de las prisiones militares; quedó plasmada en una serie de informes técnicos y reflexiones internas que hoy ven la luz. En estos escritos, los cabecillas de la asonada no solo admiten su derrota, sino que señalan de forma directa al que consideran el gran traidor de su causa: el Rey Juan Carlos I. Los documentos recientemente desclasificados dibujan un escenario de frustración donde la figura del monarca pasó de ser un eje de esperanza para los insurrectos a convertirse en un obstáculo que debían haber neutralizado.
El error estratégico de los golpistas: La libertad de Juan Carlos I
Para los protagonistas del golpe, el pecado original que condenó la operación no fue una falta de efectivos o de coordinación operativa, sino una cuestión de exceso de confianza institucional. En un manuscrito de 23 páginas que analiza los pormenores del 23-F, se establece que el fallo garrafal fue haber dejado al monarca en libertad de movimientos. El texto es contundente al afirmar que se cometió el error de «dejar al Borbón libre», tratándolo bajo unos códigos de honor que, según los golpistas, no fueron correspondidos.
Este análisis post-operativo sugiere que, de haber retenido o limitado la capacidad de comunicación del Jefe del Estado, el desenlace del pronunciamiento militar habría sido radicalmente distinto. Los conspiradores consideraban que su principal debilidad fue actuar con la caballerosidad propia de la antigua escuela militar frente a un soberano que terminó por desautorizarlos públicamente en televisión.
Cronología de una conspiración y el juicio crítico militar
Los archivos desclasificados permiten entender que la planificación del golpe no fue un arrebato de un día, sino un proceso gestado con meses de antelación. Según los informes de la época, los movimientos más significativos comenzaron en noviembre de 1980. Durante este periodo de preparación, los implicados evaluaron diferentes vías para cambiar el rumbo político de España, incluyendo la posibilidad de una moción de censura contra Adolfo Suárez, opción que descartaron rápidamente por su escasa viabilidad parlamentaria.
El autor de estos documentos, utilizando un lenguaje puramente castrense, realiza lo que denomina un «juicio crítico». En este análisis se desglosan los aciertos y errores del movimiento, dividiéndolos en tres áreas fundamentales:
- Operaciones civiles: El apoyo de sectores sociales y políticos que debía consolidar el nuevo régimen.
- Operaciones militares: El despliegue de tropas y la toma de puntos estratégicos en la capital y provincias.
- Operaciones mixtas: La coordinación entre los diferentes mandos y la gestión de la información.
De la lealtad al odio: El Rey como objetivo a batir
Lo más inquietante de los documentos es la transformación del tono hacia la Corona. Al constatar que Juan Carlos I no apoyaría un gobierno militar y que estaba dispuesto a seguir adelante con el proceso democrático, incluso pactando con fuerzas socialistas, los golpistas cambiaron su percepción. El monarca dejó de ser una figura a respetar para convertirse en un objetivo a anular en futuras actuaciones.
El informe advierte que los «heroicos camaradas» no deben sentirse decepcionados, sino que deben aprender de la experiencia para corregir fallos en actuaciones sucesivas. Se recomendaba encarecidamente la creación de centros de inteligencia clandestinos, la adopción de medidas de máxima discreción y, sobre todo, la reactivación de la confianza entre los militares que aún compartían el ideal de un gobierno de fuerza.
En definitiva, estos papeles revelan que el espíritu golpista no murió la noche del 23 de febrero. Por el contrario, la desclasificación de estos archivos 45 años después demuestra que la resistencia militar a la democracia fue un fenómeno mucho más estructurado y persistente de lo que la historiografía oficial ha sostenido a menudo, marcando a la monarquía como el enemigo número uno de su fallida revolución nacional.