La seguridad medioambiental en Cataluña atraviesa una transformación estructural que ha encendido las alarmas en el seno del Instituto Armado. Lo que la Dirección General de la Guardia Civil define como una «reorganización nacional» para optimizar recursos, es interpretado por las asociaciones profesionales como un desmantelamiento encubierto de la presencia estatal en el territorio. Esta maniobra no es un hecho aislado, sino que se suma a la reciente retirada de unidades subacuáticas en la Costa Brava, consolidando una tendencia de repliegue que afecta directamente a la vigilancia de los ecosistemas catalanes.
El cierre de bases operativas en puntos estratégicos
El plan diseñado por el departamento que lidera Mercedes González contempla la supresión inmediata de cuatro bases del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Los cierres afectarán de manera directa a tres localidades en la provincia de Lérida —Puigcerdà, Ponts y la Pobla de Segur— además de la unidad ubicada en Falset, en Tarragona. Según los documentos técnicos del cuerpo, esta medida busca adecuar los medios a la «evolución de la problemática medioambiental», aunque el momento elegido resulta paradójico dada la recurrencia de los incendios forestales durante la temporada estival.
Esta decisión operativa implica que amplias zonas rurales y de montaña perderán la vigilancia directa de una unidad especializada que, hasta la fecha, actuaba como primer interviniente en delitos contra la fauna, la flora y la gestión de residuos. El vacío dejado por estas patrullas deberá ser cubierto por unidades más alejadas, lo que incrementa notablemente los tiempos de respuesta ante emergencias ecológicas o denuncias ciudadanas.
Radiografía de una plantilla en situación crítica
Las cifras que manejan los representantes de los agentes dibujan un escenario de precariedad extrema. Actualmente, el Seprona en Cataluña cuenta con apenas 45 efectivos en activo para cubrir las cuatro provincias, mientras que el número de vacantes sin cubrir asciende a 48. Esto significa que el servicio está operando con menos del 50% de su capacidad teórica. El desglose territorial de estas carencias es el siguiente:
- Barcelona: 16 plazas vacantes que dificultan la supervisión del cinturón industrial y zonas protegidas.
- Lérida: 14 puestos desiertos, afectando especialmente a la vigilancia del Pirineo.
- Tarragona: 10 vacantes en una zona con alta sensibilidad por la industria química y el Delta del Ebro.
- Gerona: 8 plazas sin asignar, mermando el control en áreas forestales clave.
Desde organizaciones como Jucil (Justicia Guardia Civil), se denuncia que esta falta de personal es una consecuencia directa de no publicar nuevas plazas, forzando un agotamiento de la especialidad que justifica, a posteriori, su clausura por falta de actividad o de agentes disponibles.
El nuevo mapa competencial y sus lagunas legales
El trasfondo de esta reestructuración se encuentra en los acuerdos políticos sellados entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. El pacto de seguridad de 2024 establece que la investigación de ilícitos medioambientales será liderada de forma prioritaria por los Mossos d’Esquadra y los Agentes Rurales. Sin embargo, esta transferencia genera una anomalía jurídica relevante: los Agentes Rurales no ostentan la condición de policía judicial, una facultad que sí posee el Seprona y que resulta indispensable para la instrucción de delitos penales ante los tribunales.
El nuevo protocolo obliga a la Guardia Civil a comunicar cualquier hallazgo o actuación a la policía autonómica, otorgando a esta última la titularidad de las pesquisas. Esta «mutilación operativa» ha sido llevada ante los tribunales por diversas asociaciones profesionales, que consideran que se está vulnerando la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Argumentan que el Estatuto de Autonomía define las competencias en medio ambiente como compartidas, por lo que su exclusividad en favor de los Mossos requeriría una reforma legislativa de mayor rango y no un simple acuerdo administrativo.
Consecuencias para la seguridad y la vigilancia territorial
El repliegue no solo afecta al ámbito administrativo, sino que tiene efectos tangibles en la seguridad ciudadana. Un ejemplo crítico es el caso de los GEAS (actividades subacuáticas). Tras el cierre de su base en Gerona, cualquier rescate o inspección en la zona norte de la costa catalana depende de una unidad con base en Barcelona, situada a más de 150 kilómetros de distancia. Esta lógica se replica ahora con el Seprona: la desaparición de unidades de proximidad debilita la capacidad de disuasión y prevención en el medio rural.
Incluso desde el ámbito municipal, algunos alcaldes de signos políticos diversos han manifestado su inquietud. Consideran que la salida de la Guardia Civil de las zonas fronterizas y de alta montaña deja a las poblaciones locales en una situación de vulnerabilidad ante delitos específicos que el cuerpo estatal manejaba con alta especialización. Mientras tanto, la integración total en el centro de emergencias CAT-112 sigue pendiente de resolverse por cuestiones logísticas y físicas en las sedes de Reus y Barcelona, lo que mantiene una brecha en la coordinación efectiva de los cuerpos de seguridad del Estado en territorio catalán.
El futuro de la protección de la naturaleza en Cataluña se encamina hacia un modelo centralizado en la autonomía, pero con el interrogante de si la pérdida de la experiencia y la capilaridad del Seprona podrá ser compensada plenamente por los nuevos titulares de la competencia sin que la biodiversidad pague el precio de la transición política.