El sector de la enseñanza pública en la Comunitat Valenciana se encuentra en una encrucijada decisiva. Tras la tregua técnica iniciada el pasado mes de junio, los docentes, educadores y personal administrativo han sido convocados para validar una ambiciosa hoja de ruta que pretende reactivar el conflicto laboral. No se trata de una protesta aislada, sino de un plan estructurado que busca forzar a la Conselleria de Educación a retomar unas negociaciones que los sindicatos consideran bloqueadas.
Estrategia de paros: Del «Noviembre Verde» a las huelgas de 2025
La propuesta, consensuada por organizaciones de peso como STEPV, CCOO PV y UGT-PV, junto a colectivos estudiantiles y asambleas de base, rompe con el modelo de movilización tradicional. El calendario arranca con el denominado «noviembre verde», una campaña de visibilidad permanente que consistirá en concentraciones diarias frente a las sedes de la administración educativa en Valencia, Alicante y Castellón.
A diferencia de otras convocatorias, la estrategia busca la progresividad. El primer gran hito será la adhesión a la huelga general del 11 de noviembre, vinculando la lucha educativa con el derecho a la vivienda a nivel estatal. Sin embargo, el núcleo de la presión se trasladará al inicio del segundo trimestre de 2025 con dos escenarios posibles de paros provinciales:
- Opción A: Huelgas sucesivas el 19 de enero (Alicante), 20 de enero (Valencia) y 21 de enero (Castellón).
- Opción B: Un calendario similar desplazado a febrero, concretamente los días 2, 3 y 4.
Presión interna: Los «Jueves Combativos» y la resistencia administrativa
El plan de acción no solo se limita a las calles, sino que penetra en el día a día de los centros escolares. La hoja de ruta propone la instauración de los «jueves combativos», jornadas donde la comunidad educativa —incluyendo a las familias y al alumnado— visibilizará el malestar mediante pancartas y el uso de prendas reivindicativas en los accesos a los edificios.
Más allá de lo simbólico, se plantea una medida de presión técnica que podría comprometer la gestión burocrática de los centros: la suspensión de actividades voluntarias y la revisión de la participación en proyectos institucionales no obligatorios. Con esta «huelga de celo» administrativa, los sindicatos pretenden demostrar que el sistema se sostiene gracias al esfuerzo personal no compensado del profesorado valenciano.
Acciones descentralizadas: La lucha llega a las comarcas
Para evitar que el conflicto pierda fuerza en las zonas alejadas de las capitales de provincia, la propuesta fomenta la autonomía municipal. Se contempla la organización de bicicletadas, marchas y performances adaptadas a la realidad de cada comarca. Esta descentralización busca que la presión política sea constante y afecte directamente a los representantes institucionales en sus respectivos territorios, exigiendo compromisos firmes y por escrito.
La consulta telemática: El profesorado tiene la última palabra
La legitimidad de este calendario de movilizaciones se someterá a votación durante la próxima semana. Entre el lunes 19 y el viernes 23, los profesionales del sector público podrán participar en una consulta digital similar a la realizada antes del verano. Las preguntas clave se centrarán en la validación de la hoja de ruta, la elección de las fechas preferentes para la huelga y el nivel de compromiso individual para las concentraciones diarias.
En definitiva, el sector educativo valenciano se prepara para un invierno de alta intensidad. El objetivo final es claro: evitar que la dilación de la administración desactive las reivindicaciones y conseguir una respuesta real a las necesidades de las plantillas y la calidad de la enseñanza pública.