La delgada línea entre la misericordia pastoral y la sensibilidad política se ha tensado tras el fallecimiento del exteniente coronel. Lo que debería haber sido un acto litúrgico rutinario se ha transformado en un foco de controversia institucional tras la negativa oficial a que la Catedral de las Fuerzas Armadas acoja el funeral de quien fuera una de las figuras centrales del 23-F.
El veto eclesiástico en la calle del Sacramento
El escenario del conflicto es la sede principal de la Diócesis Castrense en Madrid. Según han denunciado los descendientes del difunto, ha sido el propio arzobispo, monseñor Juan Antonio Aznárez, quien ha interpuesto un muro administrativo y espiritual a la celebración de las honras fúnebres previstas para el próximo 25 de marzo. Esta decisión, tomada apenas un mes después del deceso de Tejero, ha sido interpretada por su entorno más cercano no como una medida canónica, sino como un gesto de naturaleza puramente ideológica.
La familia, que mantiene una histórica vinculación con las instituciones de seguridad del Estado, sostiene que la prohibición carece de cualquier «fundamento eclesial» sólido. Para los allegados, privar a un fiel de las exequias en su propia sede diocesana supone un agravio que trasciende lo burocrático, hiriendo lo que consideran un derecho fundamental de todo cristiano: el sufragio por el alma de los fallecidos.
Argumentos de la familia: Entre la caridad y la política
A través de sus representantes legales, los hijos de Tejero han hecho público un comunicado donde exponen su visión sobre este rechazo. El eje de su queja reside en la naturaleza de la misa de exequias, que definen como un acto de piedad y no como una tribuna para juzgar la trayectoria vital o política del finado. Entre los puntos clave de su protesta destacan:
- La supuesta supeditación de los valores evangélicos a presiones políticas o temporales.
- El sentimiento de abandono por parte de una institución a la que han servido generacionalmente.
- La contradicción de negar un acto de misericordia en un entorno que debería promover la acogida de sus feligreses.
- La sospecha de que el temor a la repercusión pública ha pesado más que el deber pastoral del Arzobispado.
Un debate sobre los límites de la hospitalidad diocesana
El caso pone de manifiesto la compleja posición del Arzobispado Castrense, una entidad que opera bajo la jurisdicción de la Iglesia pero con una estrecha relación con la Subsecretaría de Defensa. La negativa a ceder la Catedral para este acto se produce en un momento de especial sensibilidad histórica, coincidiendo con el aniversario de la asonada de 1981 y la reciente desclasificación de documentos relacionados con aquellos sucesos.
Mientras la familia reafirma su fe y solicita oraciones privadas por el «eterno descanso» de su padre, el debate queda abierto sobre si la Iglesia militante debe abstraerse totalmente del contexto social de sus miembros o si, por el contrario, los templos oficiales del Estado deben mantener una neutralidad que evite la exaltación indirecta de figuras polémicas. Por ahora, el consuelo espiritual de la familia Tejero tendrá que buscar refugio fuera de los muros de la catedral militar madrileña, confiando, según sus propias palabras, en una justicia divina que consideran superior a las limitaciones humanas.
Reflexión final sobre el derecho al duelo
En última instancia, este episodio subraya la tensión persistente entre la memoria histórica de España y sus instituciones religiosas. Al denegar el espacio físico de la Catedral Castrense, el Arzobispado ha enviado un mensaje que va más allá de lo litúrgico, marcando una distancia clara con el pasado golpista, incluso en el ámbito de la despedida fúnebre. La familia, por su parte, insiste en que el perdón y la oración no deberían entender de cronologías ni de expedientes políticos, dejando una herida abierta en su relación con la jerarquía eclesiástica actual.