El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha reaccionado con dureza ante las recientes informaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades en la construcción de un centro comercial. En una comparecencia pública cargada de firmeza, el líder melillense ha calificado el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como una «trampa» orquestada, asegurando que su equipo de gobierno es un ejemplo de integridad institucional frente a lo que considera una persecución política sistemática.
El origen de la polémica: Un manuscrito bajo sospecha
La base del conflicto reside en un documento manuscrito que la Policía intervino durante la operación Santiago-Rusadir, una investigación centrada originalmente en la presunta compra de votos por parte de la anterior coalición de gobierno. Imbroda sostiene que este papel, hallado en el domicilio de un empresario local, carece de rigor y ha sido introducido en el proceso judicial para fabricar un caso de prevaricación y malversación donde, según sus palabras, no existe delito alguno.
Como medida inmediata, el presidente ha ordenado a los servicios jurídicos de la ciudad interponer una querella contra el empresario implicado, Abdelmayid Belkasen Mohamed. Imbroda niega cualquier vínculo personal o profesional con esta figura y subraya que basar una investigación criminal en un papel anónimo o intervenido a terceros es un ejercicio de debilidad administrativa que busca el daño reputacional por encima de la justicia real.
Cronología de una adjudicación transparente
Para desmantelar las sospechas sobre la construcción del Parque Murias, el presidente melillense ha recordado que el origen de los terrenos se remonta a finales de los años 90. Según los registros oficiales presentados por el mandatario, la secuencia histórica invalida cualquier acusación de trato de favor bajo su mandato actual:
- Los terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa fueron adquiridos originalmente en 1994.
- La enajenación de los mismos se produjo mediante una subasta pública transparente en 1998, fecha previa a su llegada a la presidencia.
- El centro comercial, inaugurado en 2017, pasó por todos los filtros administrativos y controles de legalidad pertinentes.
Además, Imbroda ha destacado que su Gobierno no solo no benefició a la constructora, sino que mantuvo un litigio judicial contra la empresa para asegurar que la ciudad percibiera el 10% del aprovechamiento urbanístico que le correspondía por ley, demostrando una actitud vigilante y no de connivencia.
Desajustes en las cifras y la deuda fiscal
Uno de los puntos más críticos del informe policial señalaba una supuesta condonación o encubrimiento de una deuda tributaria que ascendía a varios millones de euros. Sin embargo, Imbroda ha desglosado los datos técnicos para desmentir lo que califica como «fantasías contables». Mientras las acusaciones hablaban de hasta 8 millones de euros, los técnicos municipales tasaron la deuda real en 202.000 euros en el año 2022.
El presidente ha insistido en que el sistema de autoliquidación tributaria impide la intervención arbitraria del gobierno para perdonar impuestos, y que las discrepancias en las cifras son una prueba más de la falta de solidez del informe de la UDEF. «No hay nada de nada», ha reiterado, recordando que este asunto ya fue llevado a los tribunales hace más de una década por la oposición, sin que se encontrara indicio de criminalidad.
Un contraataque político ante la «pesca de votos»
Para finalizar, Imbroda ha enmarcado esta situación en una estrategia electoralista de sus adversarios políticos, a quienes acusa de no poder ganar en las urnas y recurrir a la judicialización de la vida política para desgastar su imagen. Ha retado públicamente a quienes le acusan de poseer fondos en paraísos fiscales, utilizando el sarcasmo para enfatizar su desprecio por tales sospechas.
El mensaje del Ejecutivo melillense es claro: la honradez de su gestión está por encima de informes que considera sesgados. Imbroda se muestra confiado en que, una vez que la justicia analice las pruebas documentales y los testimonios técnicos, el caso quedará archivado como un intento fallido de empañar la estabilidad institucional de Melilla.