El escenario político en el Ayuntamiento de Alicante se tensa tras el último movimiento de la magistrada encargada de instruir el polémico caso de Les Naus. La justicia ha formalizado la citación en calidad de investigada para la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, junto a diversos técnicos del consistorio, con el fin de esclarecer las presuntas anomalías detectadas en la adjudicación de viviendas protegidas en la codiciada zona de la Playa de San Juan.
Un avance judicial esperado en la gestión de vivienda pública
La resolución judicial no ha pillado por sorpresa al actual equipo de gobierno. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha calificado como un paso «lógico» que la magistrada quiera escuchar el testimonio de todas las figuras implicadas en la cadena de mando y ejecución técnica de los expedientes. Desde el ejecutivo local se mantiene una postura de máxima colaboración con la justicia, evitando por el momento valoraciones de fondo que puedan interferir en el proceso de instrucción.
Barcala ha subrayado que la prioridad actual es que la jueza cuente con todas las herramientas necesarias para dilucidar los hechos. No obstante, el primer edil ha preferido no profundizar en las consecuencias políticas inmediatas, derivando cualquier análisis futuro a lo que se extraiga tanto de la vía judicial como de las comisiones de investigación que se encuentran en marcha.
La oposición eleva el tono: del «pelotazo» a la exigencia de transparencia
Mientras el gobierno municipal aboga por la prudencia, los grupos de la oposición han reaccionado con dureza ante lo que consideran la confirmación de una gestión nefasta del patrimonio público. La portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha sido tajante al señalar que estas citaciones demuestran que las sospechas sobre la promoción de Les Naus no eran «exageraciones», sino un indicio claro de un pelotazo urbanístico con recursos municipales.
- Impacto en el círculo cercano: La oposición destaca que la investigación apunta directamente a figuras clave que han formado parte del núcleo duro de la gestión de Barcala.
- Falta de control: Se cuestionan los protocolos de adjudicación que permitieron el acceso a estas viviendas bajo sospecha de favoritismo.
- Responsabilidad política: Exigen que el alcalde asuma un rol activo en la asunción de errores más allá de la mera espera judicial.
Próximas paradas: Comisiones y declaraciones clave
El futuro político de los implicados y la claridad sobre el uso de la vivienda pública en Alicante dependerán en gran medida de las próximas semanas. Además de las declaraciones en el juzgado, el foco se trasladará a las Cortes Valencianas y al propio pleno municipal, donde se espera que las comisiones de investigación arrojen luz sobre si existió un plan orquestado o si se trató de fallos administrativos aislados.
Desde EU-Podem, su portavoz Manolo Copé ha insistido en que la ciudadanía alicantina tiene el derecho inalienable de conocer quiénes fueron los beneficiarios reales de estas operaciones y si el patrimonio público fue utilizado para favorecer intereses privados. Por ahora, el silencio administrativo de los investigados y la cautela del alcalde marcan una tregua tensa a la espera de que el juzgado determine si existen pruebas suficientes para transformar estas citaciones en una acusación formal.