La estrategia del silencio ha sido la elegida por Jésica Rodríguez en su comparecencia ante la Audiencia Nacional este lunes. La expareja del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, evitó responder a las preguntas del magistrado Ismael Moreno, instructor del polémico caso Koldo. Protegida bajo un disfraz que incluía peluca y mascarilla, la investigada limitó su presencia judicial a escasos minutos, negándose a esclarecer su participación en una presunta trama de empleos fantasma en el seno de la administración pública.
La arquitectura de los contratos bajo sospecha
La investigación judicial se centra en determinar si la contratación de Rodríguez en las entidades estatales Ineco y Tragsatec respondió a criterios de necesidad laboral o si, por el contrario, fue una dádiva política. El magistrado Moreno sostiene que existen indicios sólidos de delitos de malversación y tráfico de influencias. La tesis de la instrucción apunta a que la joven percibió un salario cercano a los 45.000 euros sin haber desempeñado funciones reales ni haber acudido a su puesto de trabajo de manera efectiva.
El esquema de contratación, según la Fiscalía Anticorrupción, careció de los protocolos habituales, como entrevistas previas o procesos de selección transparentes. En lugar de ello, la entrada de la entonces estudiante de odontología en el engranaje público habría sido orquestada desde las altas esferas del Ministerio, utilizando a terceros para camuflar su inactividad mediante partes de trabajo que los investigadores consideran fraudulentos.
Red de encubrimiento: Koldo García y la cúpula de ADIF
El papel de Koldo García, exasesor de Ábalos, resulta fundamental en este relato. Según las pesquisas, no solo facilitó el acceso de Rodríguez a estas empresas, sino que también estableció una red de protección para que sus ausencias no fueran detectadas. Para ello, habría contado con la colaboración de su hermano, Joseba García, encargado de validar las supuestas tareas administrativas que la joven realizaba a distancia.
- Intervención de ADIF: La expresidenta de la entidad, Isabel Pardo de Vera, aparece en las comunicaciones de la UCO como una pieza que facilitó el contacto y la renovación contractual.
- Presiones internas: Testimonios de responsables de Tragsatec apuntan a que recibieron advertencias directas de Ignacio Zaldívar para no interferir con la situación laboral de la investigada.
- Falsedad documental: Se han detectado partes de trabajo enviados de forma telemática que incluían errores groseros, como el reporte de tareas en días festivos no laborables.
Viajes oficiales y salarios sin contraprestación
Uno de los puntos más críticos que maneja la UCO es la coincidencia de la agenda laboral de Rodríguez con los desplazamientos del exministro Ábalos. Los investigadores han contabilizado al menos 13 viajes en los que la investigada acompañó al mandatario mientras, teóricamente, debía estar prestando servicios para Ineco. No consta en los registros de la empresa pública ninguna solicitud de permiso o baja que justificara estas ausencias, lo que refuerza la teoría del sueldo de favor.
A pesar de que Ineco intentó acreditar ante el Tribunal Supremo más de 3.600 horas de trabajo por parte de Rodríguez, los indicios apuntan a una simulación de actividad coordinada por Joseba García. El magistrado Moreno ha subrayado la «conexión íntima» entre estos hechos y las probanzas de otras piezas del caso, sugiriendo que el uso de empresas públicas como agencia de colocación personal fue una práctica sistemática en el entorno del exministro.
Un horizonte judicial complejo para el entorno de Ábalos
El mutismo de Jésica Rodríguez no detiene el avance de una instrucción que cada vez acorrala más al círculo íntimo de José Luis Ábalos. La declaración como investigados de Joseba García e Ignacio Zaldívar busca cerrar el círculo sobre quién dio las órdenes definitivas para desviar fondos públicos hacia contratos sin contenido. La Audiencia Nacional trata ahora de cuantificar el daño patrimonial causado al Estado y si estas prácticas constituyeron una forma de retribución indirecta vinculada a la relación personal de la investigada con el exministro de Transportes.
La negativa a testificar este lunes traslada el foco a las pruebas documentales y los mensajes intervenidos, que según fuentes jurídicas, son suficientemente explícitos sobre la naturaleza real de estos puestos fantasma. El caso Koldo sigue expandiendo sus ramificaciones, demostrando que la gestión de las empresas adscritas a Transportes pudo servir para fines ajenos al interés general.