El horizonte judicial de José Antonio Urrutikoetxea, históricamente conocido como Josu Ternera, encara su fase definitiva en territorio francés. En una sesión marcada por la revisión de su pasado en la organización terrorista ETA, el Ministerio Público de Francia ha fijado una postura clara: cinco años de cárcel, aunque bajo una modalidad que le permitiría eludir el ingreso en prisión a menos que incurra en reincidencia.
La fiscal Naïma Rudloff, representante del Tribunal de Apelación de París, no solo ha solicitado esta pena privativa de libertad, sino que ha enfatizado la necesidad de una expulsión definitiva del investigado del suelo galo. Con 75 años de edad, Ternera se enfrenta a las consecuencias de su actividad delictiva entre los años 2002 y 2005, periodo en el que se mantuvo en la clandestinidad tras huir de la justicia española.
El mito del negociador frente a la realidad operativa
Uno de los ejes centrales del proceso ha sido el desmantelamiento de la narrativa que el propio Urrutikoetxea ha intentado consolidar. Durante las sesiones del juicio, el acusado se ha presentado como un artífice de la paz y un mediador necesario para el fin de la violencia. Sin embargo, la fiscalía ha sido tajante al rechazar esta visión unidimensional.
Para la acusación, no existe una desconexión entre su labor política y la estructura logística de ETA. Según Rudloff, Ternera mantenía una «total adhesión» a los métodos operativos de la banda, incluyendo los atentados, mientras participaba simultáneamente en procesos de diálogo. Esta dualidad lo define, según la Fiscalía, como un individuo con un pie en la diplomacia insurgente y otro en la operatividad terrorista.
Las pruebas clave: ADN en los pisos francos
El sustento técnico de la acusación se basa en evidencias materiales halladas en infraestructuras críticas para la organización en el sur de Francia. Las investigaciones han revelado la presencia de huellas dactilares y rastros de ADN de Josu Ternera en dos inmuebles estratégicos:
- Piso franco de Lourdes: Espacio utilizado por la cúpula operativa de la banda.
- Vivienda en Villeneuve-sur-Lot: Lugar donde se localizaron documentos de alto valor político y logístico vinculados a jefes militares de la época.
Aunque Ternera ha admitido su estancia en dichas localizaciones bajo su condición de «militante», ha alegado falta de memoria respecto a las fechas exactas. No obstante, para la justicia francesa, el hallazgo de su rastro biológico en documentos junto a responsables de la logística militar desvirtúa cualquier intento de desvincularse de la acción terrorista directa.
Justicia, reparación y el reclamo de las víctimas
El proceso también ha servido para confrontar al acusado con el impacto de sus acciones y la falta de empatía mostrada hacia quienes sufrieron la violencia de ETA. La fiscalía ha recordado que la verdadera paz es inseparable de la reparación a las víctimas, señalando que el encausado no ha dedicado palabras de arrepentimiento ni ha contribuido a esclarecer la verdad de los crímenes cometidos.
Más allá de este juicio en Francia, el futuro de Ternera mira hacia España. La justicia española mantiene una reclamación activa por su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, una de las masacres más cruentas de la banda donde perdieron la vida once personas, incluyendo menores de edad.
Conclusión del proceso en el Tribunal de Apelación
A pesar de la gravedad de los antecedentes, la fiscalía francesa ha optado por una pena que prioriza la expulsión territorial sobre el encarcelamiento inmediato. Esta decisión se fundamenta en la falta de nuevos vínculos con actividades terroristas en los últimos años, lo que permite al tribunal modular la respuesta penal.
Con este juicio, Francia cierra uno de los últimos capítulos procesales de una de las figuras más simbólicas y controvertidas de la historia de ETA, dejando la puerta abierta para que el Estado español tome el relevo en la exigencia de responsabilidades por los crímenes pendientes de resolución en la Audiencia Nacional.