Blindaje judicial del tramo de Adamuz: prioridad a la investigación forense
La instrucción del trágico accidente ferroviario en Adamuz, que el pasado 18 de enero se cobró la vida de 46 personas, ha tomado un giro determinante hacia la protección de la escena. El Juzgado de Instancia número 2 de Montoro ha establecido un cordón de seguridad legal sobre la infraestructura, anteponiendo la integridad de las pruebas a cualquier labor operativa o de mantenimiento rutinario por parte de ADIF.
Restricciones operativas para ADIF en la red cordobesa
La magistrada a cargo del caso ha emitido un requerimiento formal al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias exigiendo la paralización inmediata de cualquier intervención en el tramo afectado. A partir de ahora, ADIF tiene prohibido realizar tareas de mantenimiento sin una notificación previa de al menos quince días al órgano judicial.
Esta decisión surge como respuesta directa a la intención de la entidad ferroviaria de ejecutar obras urgentes durante la primera semana de marzo. Entre las actuaciones que han quedado supeditadas a una autorización judicial previa se encuentran:
- Sustitución de secciones de carril en puntos estratégicos del trazado.
- Labores preventivas que puedan alterar la configuración técnica de la vía 2.
- Modificaciones específicas en el punto kilométrico 317,264, donde se pretendía renovar un tramo de 36 metros de longitud.
Claves de la investigación técnica: cajas negras y cámaras
Paralelamente al control físico de la infraestructura, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha iniciado una fase técnica crucial con el volcado de datos de los dispositivos de registro. La extracción de información no se limita únicamente a las cajas negras de los convoyes de Iryo y Renfe involucrados, sino que el espectro de la prueba se ha ampliado significativamente.
La relevancia de esta etapa reside en el cruce de datos entre las grabaciones de las cámaras de seguridad internas de la unidad de Iryo y los parámetros técnicos de telemetría. Este análisis multidisciplinar busca determinar si existieron anomalías en la señalización o factores humanos determinantes, manteniendo el tramo de vía bajo un estricto bloqueo judicial para evitar cualquier contaminación del escenario mientras las pesquisas sigan abiertas.