El calendario judicial español suma una fecha crítica en la resolución de la trama de suministros sanitarios durante la crisis del COVID-19. El magistrado Ismael Moreno ha marcado el 14 de mayo como la jornada clave para que los dos rostros más visibles de la red, el empresario Víctor de Aldama y el antiguo asesor Koldo García, presten declaración en calidad de investigados ante la Audiencia Nacional.
Sincronización entre el Supremo y la Audiencia Nacional
La citación no es fruto del azar cronológico. Las comparecencias se han programado apenas 24 horas después de que concluya la vista oral en el Tribunal Supremo, donde ambos encausados se enfrentan a un proceso paralelo junto al exministro José Luis Ábalos. Esta secuencia demuestra una estrategia judicial coordinada para avanzar en los distintos frentes de la instrucción sin que las agendas de los tribunales interfieran entre sí.
Para asegurar la presencia de los protagonistas, el juzgado ha dictado las siguientes disposiciones logísticas:
- Traslado desde Soto del Real: Se ha solicitado formalmente que Koldo García sea conducido desde el centro penitenciario, donde permanece en prisión preventiva, hasta las dependencias judiciales.
- Horarios de comparecencia: La ronda de interrogatorios comenzará a las 10:00 horas con Aldama, seguida por la declaración de García a las 10:30 horas.
- Foco de la causa: Las preguntas se centrarán en la adjudicación de contratos públicos a través de organismos estatales y las posibles comisiones irregulares derivadas de los mismos.
Nuevos hallazgos: Informes de la UCO y la presión fiscal
El avance de las pesquisas ha sumado recientemente documentación de alto valor probatorio. Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) han puesto el foco en la gestión autonómica, señalando que en el archipiélago balear la responsabilidad de las compras de material sanitario recayó sobre figuras técnicas vinculadas a la administración de Francina Armengol, ampliando el radio de acción de la sospecha más allá de los ministerios centrales.
Por otro lado, la Agencia Tributaria ha aportado un análisis demoledor sobre la vertiente económica de la red. Según los técnicos de Hacienda, Víctor de Aldama podría haber generado un fraude fiscal cercano a los 2,4 millones de euros solo durante el ejercicio de 2020. Este dato refuerza la tesis de que el beneficio personal derivado de la intermediación en las mascarillas fue el motor principal de la operativa bajo sospecha.
Hacia una reevaluación de los contratos públicos
La investigación que lidera Ismael Moreno no se limita únicamente a la compra de equipos de protección. La Audiencia Nacional analiza ahora si la red de influencias de Koldo García facilitó también la adjudicación de obras en diversos entes públicos estatales, lo que sugeriría una estructura de corrupción sistémica que trascendió la urgencia sanitaria. Las declaraciones del 14 de mayo serán determinantes para decidir si se amplían las imputaciones a otros cargos institucionales implicados en los procesos de contratación.