El cerco judicial se estrecha sobre las comunicaciones de Carlos Mazón
La reconstrucción jurídica de las horas más críticas de la catástrofe de la DANA en Valencia ha tomado un nuevo e importante rumbo. La magistrada instructora de la causa penal ha decidido poner el foco en el entorno más inmediato del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para tratar de llenar los vacíos informativos existentes sobre su actividad durante la tarde del 29 de octubre de 2024. La citación de sus escoltas personales busca determinar si existen evidencias sonoras o comentarios directos que esclarezcan cómo se gestionó la emergencia en los momentos de mayor incertidumbre.
El juzgado de Catarroja considera «plenamente necesaria» la declaración de estos profesionales de seguridad. El objetivo principal es verificar si los testigos pudieron escuchar conversaciones telefónicas clave entre Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien ya figura como investigada en este proceso. La justicia intenta dirimir si las decisiones tomadas —o la falta de ellas— entre las 15:00 y las 21:00 horas de aquella jornada fatal estuvieron condicionadas por la información que circulaba en el vehículo oficial.
Calendario de declaraciones: Del círculo de seguridad a la cúpula de emergencias
La agenda judicial para los próximos meses está diseñada para trazar un mapa completo de la respuesta institucional ante las inundaciones que costaron la vida a 230 personas. Las comparecencias se han distribuido de la siguiente manera:
- 9 de febrero: Testifican tres escoltas que acompañaron a Mazón durante el día de la catástrofe.
- 20 de febrero: Turno para el subinspector responsable del equipo de seguridad y el chófer oficial que trasladó al expresidente al Cecopi de L’Eliana.
- 2 de marzo: Declaración de Avelino Mascarell, responsable del Consorcio Provincial de Bomberos y diputado de Medio Ambiente.
- 4 y 5 de marzo: Comparecencia de dos mandos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para aportar su visión técnica sobre el despliegue inicial.
La importancia de los testimonios de proximidad en la instrucción
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra no solo busca datos técnicos o registros de llamadas, sino el contexto humano y las reacciones inmediatas de los responsables políticos. Al citar al chófer y a los guardaespaldas, la instrucción persigue obtener una visión «de cabina» sobre qué sabía realmente el Ejecutivo autonómico mientras el barranco del Poyo desbordaba su capacidad. La relevancia de estos testigos reside en su capacidad para confirmar si hubo alertas ignoradas o si la comunicación con el Centro de Coordinación de Emergencias fue tan fluida como se ha sostenido oficialmente.
Este nuevo capítulo judicial subraya la importancia del testimonio directo frente a los registros documentales. En una causa donde la gestión del tiempo es el factor determinante, las palabras que los escoltas pudieron oír en la intimidad del coche oficial podrían convertirse en la pieza que complete el rompecabezas sobre la responsabilidad política y penal en la gestión de la mayor tragedia natural de la historia reciente de España.