La fase de instrucción en el caso que involucra al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha tomado un giro técnico determinante. El magistrado encargado de supervisar la querella por presunta agresión sexual ha puesto el foco en la salud mental y el estado psicosocial de la inspectora denunciante, ordenando el acceso a informes médicos especializados que podrían ser cruciales para el devenir del procedimiento.
El papel de las pruebas periciales en la instrucción judicial
El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha emitido una providencia para recabar pruebas que clarifiquen el impacto emocional y psicológico en la víctima. Entre las diligencias solicitadas destaca el requerimiento al Punto Violeta que asistió inicialmente a la mujer. El objetivo es analizar el informe integral elaborado por el equipo multidisciplinar compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales y asesoras jurídicas que tuvieron el primer contacto con el caso.
No obstante, la investigación no se limita a la asistencia pública. El juez también ha solicitado formalmente el historial clínico del médico psiquiatra que trató a la subordinada en un centro privado. Esta documentación servirá para que el juzgado evalúe la pertinencia de citar a declarar a los facultativos y profesionales que firman dichos diagnósticos, buscando corroborar si existe una correlación clínica con los hechos denunciados.
El conflicto de medidas cautelares y el recurso de la acusación
Mientras la prueba pericial avanza, el escenario procesal se mantiene tenso respecto a las medidas de protección. Jorge Piedrafita, letrado de la denunciante, insiste en que las evaluaciones psicológicas no solo demuestran la existencia de lesiones psíquicas, sino que otorgan una solidez incuestionable al relato de su representada. Para la acusación, estos informes son la evidencia necesaria para revertir decisiones previas del juzgado.
- Rechazo inicial de la orden de alejamiento y prohibición de comunicación.
- Recurso de apelación presentado por la defensa de la víctima ante la negativa judicial.
- Postura del Ministerio Fiscal alineada, hasta el momento, con la ausencia de medidas cautelares severas.
Cruce de versiones: Delitos sexuales frente a acusaciones de animadversión
El núcleo del conflicto reside en dos testimonios diametralmente opuestos presentados ante la justicia el pasado mes de marzo. Por un lado, la inspectora de policía ratificó su querella, manteniendo los cargos de agresión sexual contra quien fuera el número dos del cuerpo. Esta denuncia provocó la dimisión inmediata de González de su cargo de máxima responsabilidad operativa.
En contraposición, el exmando policial ha estructurado su defensa negando cualquier tipo de conducta delictiva. Durante su comparecencia, González calificó la denuncia como un acto de odio y venganza profesional, atribuyendo las palabras de su subordinada a una supuesta intención de perjudicar su carrera y honorabilidad. Con la solicitud de estos nuevos informes psiquiátricos, el juez busca ahora determinar qué parte del relato cuenta con un respaldo científico que permita avanzar hacia la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.