Tras un extenso proceso judicial que se ha prolongado durante medio año, la Audiencia Nacional ha dado por concluida la fase de vista oral en el caso que involucra a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol. Después de 38 sesiones intensas, el juicio ha quedado visto para sentencia, marcando un hito en la historia judicial reciente al analizar el origen de una fortuna oculta en Andorra que, según las investigaciones, superó los 38 millones de euros desde la década de los noventa.
Peticiones de cárcel: El foco sobre el primogénito
El Ministerio Público ha sido contundente en sus conclusiones finales, situando a Jordi Pujol Ferrusola como la figura central de la supuesta trama. Para el hijo mayor de la familia, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo solicita una condena de 29 años de prisión. La severidad de la petición responde a una estructura de delitos que van desde el blanqueo hasta la falsedad documental.
El resto del clan también enfrenta solicitudes de penas significativas que reflejan el grado de implicación atribuido por la acusación:
- Mercè Gironés (exesposa del primogénito): 17 años de cárcel.
- Josep Pujol: 14 años de prisión.
- Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol: 8 años de privación de libertad para cada uno.
- Empresarios colaboradores: Penas de 5 años para nueve empresarios implicados en la red.
El esquema de blanqueo y la red empresarial
La tesis de la Fiscalía sostiene que la familia Pujol no actuó de forma aislada, sino que contó con una red de nueve empresarios para canalizar fondos de origen dudoso. Según el análisis acusatorio, se utilizaron contratos ficticios y facturas por servicios de asesoramiento inexistentes para justificar el pago de comisiones. Estos empresarios habrían sido, en diversos casos, beneficiarios de adjudicaciones públicas en Cataluña, lo que vincula directamente la fortuna privada con la gestión institucional de la época.
Los delitos que se dirimen en esta sentencia incluyen asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles, alzamiento de bienes y delitos contra la Hacienda Pública. Se estima que la maquinaria financiera permitió amasar más de 38 millones de euros en cuentas andorranas, una cifra que los acusados defienden como lícita.
La defensa del «legado» y la ausencia del patriarca
Una de las notas más destacadas del juicio ha sido la ausencia en el banquillo de Jordi Pujol Soley. A sus 95 años, el tribunal decidió exonerar al expresidente de la Generalitat al considerar que su estado de salud le imposibilitaba para afrontar el proceso con garantías. No obstante, su sombra ha planeado sobre toda la vista, ya que la principal línea de defensa de sus hijos se basa en el ya famoso «legado de Florenci», el abuelo de la familia.
Todos los procesados han solicitado su libre absolución, manteniendo con firmeza que el dinero acumulado en el extranjero no proviene de prácticas corruptas o comisiones ilegales, sino de una herencia familiar no declarada. Al renunciar a su derecho a la última palabra, los siete hermanos han dejado su destino en manos del tribunal, que ahora deberá decidir si el origen de esos fondos es, efectivamente, una herencia o el resultado de décadas de corrupción sistémica.
Con el cierre de este juicio, España espera una sentencia que no solo afectará el futuro personal de los Pujol Ferrusola, sino que también supondrá un veredicto simbólico sobre una etapa política clave en el panorama institucional catalán y español.