Visto para sentencia: El futuro judicial de Julio de España en manos de la Audiencia
El proceso judicial que envuelve a Julio de España, figura de peso histórico en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ha alcanzado su etapa definitiva. Tras la celebración de las vistas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, el tribunal ha dejado el caso visto para sentencia. Las conclusiones finales de las acusaciones son severas: se mantiene la solicitud de ocho años de prisión para quien fuera presidente de las Cortes Valencianas y de la Diputación de Alicante, bajo la tesis de que aprovechó su posición como médico para vulnerar la integridad de sus pacientes.
Lo que se dirime en esta sala no es solo una controversia administrativa, sino un presunto abuso de poder y confianza en el ámbito sanitario. La Fiscalía y las representaciones legales de las denunciantes han sido tajantes al afirmar que las exploraciones realizadas no tenían una finalidad terapéutica, sino que buscaban satisfacer impulsos personales del acusado bajo la apariencia de una consulta médica rutinaria.
La tesis de la acusación: Un «paripé» con fines lúbricos
Durante la jornada final del juicio, los argumentos de la acusación se centraron en desmantelar la coartada profesional del procesado. Según los letrados de las víctimas, las acciones de De España no se ajustaron a ningún protocolo médico estándar, calificando sus intervenciones como un simulacro diseñado para encubrir una agresión sexual.
- Trato degradante: Una de las pacientes relató instrucciones vejatorias, incluyendo frases que buscaban humillarla durante la exploración.
- Invasión innecesaria: La otra denunciante subrayó que, pese a acudir por problemas de intolerancia alimentaria, fue sometida a exámenes ginecológicos y rectales sin relación con su sintomatología.
- Falta de consentimiento: Se insiste en que las maniobras se realizaron sin informar previamente a las pacientes sobre su necesidad o naturaleza.
La estrategia de la defensa: Protocolos y validez técnica
En el extremo opuesto, la defensa de Julio de España ha solicitado la libre absolución de su representado, fundamentando su postura en la validez técnica de las pruebas realizadas. La abogada defensora se apoyó en informes periciales que sostienen que el tacto rectal sigue siendo una herramienta diagnóstica vigente y eficaz, argumentando que no existe una prohibición expresa de estas maniobras en los manuales de digestivo.
Asimismo, la defensa cuestionó la credibilidad de los testimonios de las denunciantes. Uno de los puntos clave del alegato final fue la ausencia de una reacción de rechazo inmediata o signos evidentes de malestar psicológico durante las consultas. En cuanto al consentimiento informado, la parte defensora recordó que la legislación actual no exige un documento escrito para exploraciones básicas, considerando que el consentimiento verbal o tácito es suficiente en el ejercicio cotidiano de la medicina.
Consecuencias legales y medidas de inhabilitación
Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público y las acusaciones particulares exigen medidas accesorias que supondrían el fin de la trayectoria profesional y pública de De España. Estas incluyen la inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina, la imposición de libertad vigilada tras la salida de prisión y el pago de indemnizaciones por daños morales a las víctimas.
El fallo de la Audiencia de Alicante será determinante para establecer dónde termina el acto médico y dónde comienza la agresión sexual. La sentencia deberá evaluar si las maniobras descritas por las pacientes fueron, efectivamente, una herramienta de diagnóstico o una herramienta de sometimiento, marcando un precedente importante en la protección de los derechos del paciente frente a posibles abusos en el entorno clínico.