Nueve años después de la consulta soberanista, el escenario político en Cataluña sigue marcado por las secuelas de aquel 2017. En esta efeméride, Junts per Catalunya ha vuelto a situar la legitimidad del 1 de octubre en el epicentro de su discurso, calificando el proceso como una herramienta democrática y vinculante que no puede ser invalidada por la acción de los tribunales ni por la presión policial.
El mandato del 1-O como eje de la identidad política
Para la formación liderada por Carles Puigdemont, el tiempo no ha mermado la validez de los resultados obtenidos en las urnas hace casi una década. A través de un posicionamiento oficial, el partido ha subrayado que la voluntad popular expresada en el referéndum sigue siendo el motor de su acción política. Según Junts, el mandato derivado de aquella jornada permanece intacto frente a lo que denominan una estrategia de represión persistente.
La narrativa del partido se aleja de la claudicación, insistiendo en que están preparados para asumir las consecuencias personales y políticas que conlleva la defensa de la libertad nacional. Desde esta perspectiva, la resolución del conflicto catalán no pasa por una integración pasiva, sino por el reconocimiento de Cataluña como un estado soberano plenamente integrado en el marco de la Unión Europea.
Amnistía y el retorno de los exiliados: Una deuda pendiente
Uno de los puntos más críticos del comunicado emitido por la formación es la exigencia de una aplicación sin fisuras de la Ley de Amnistía. Junts denuncia que la normalización institucional es imposible mientras existan figuras políticas en el exilio o bajo procesos judiciales activos. En este sentido, han puesto especial énfasis en la situación de los siguientes nombres:
- Carles Puigdemont, cuya figura sigue siendo el símbolo principal del movimiento.
- Toni Comín y Lluís Puig, señalados como piezas fundamentales para el retorno a la normalidad democrática.
- El conjunto de ciudadanos y activistas considerados represaliados por su participación en el proceso soberanista.
La formación sostiene que la justicia española está demorando de forma deliberada el cumplimiento de la normativa de amnistía, lo que interpretan como una extensión de la catalanofobia institucional que frena cualquier intento de diálogo real.
Riesgos para la cohesión y el bienestar social
Más allá de la cuestión puramente identitaria, Junts vincula la supervivencia de la sociedad catalana a la consecución de la independencia. Argumentan que el actual encaje constitucional supone un riesgo directo para el estado del bienestar y la preservación de la lengua catalana, elementos que consideran vulnerables bajo la gestión estatal española.
El análisis de la formación concluye que factores como el expolio fiscal y la falta de inversiones estructurales comprometen la cohesión social de Cataluña. Por ello, presentan la ruptura definitiva como la única vía garantista para asegurar un futuro próspero y estable, reafirmando que su compromiso con la independencia no es solo una meta política, sino una necesidad de supervivencia cultural y económica para el territorio.