La formación liderada por Carles Puigdemont ha iniciado su ofensiva política centrando el debate en la soberanía fiscal. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha planteado un dilema fundamental para el actual Ejecutivo: la validación de un sistema de concierto económico para el País Vasco que se le niega sistemáticamente a Cataluña. Esta reclamación se sitúa en el epicentro de su estrategia para las próximas citas electorales, marcando una distancia clara con el modelo de financiación ordinario.
El modelo vasco como horizonte de soberanía tributaria
Durante un reciente encuentro en Barcelona junto a Toni Castellà, Nogueras ha cuestionado la coherencia del PSC y el PSOE al mantener marcos fiscales diferenciados dentro del Estado. Para la líder independentista, la capacidad de recaudar, gestionar y decidir sobre los recursos propios no debería ser un privilegio geográfico, sino un derecho extensible a la Generalitat de Cataluña. La advertencia es nítida: sin una capacidad decisoria real sobre el flujo monetario, el capital generado por los ciudadanos catalanes seguirá bajo la tutela de la administración central en Madrid.
La crítica de Junts no solo se dirige al Gobierno de Salvador Illa, sino que también pone el foco en la inacción legislativa de los últimos ocho años. Según Nogueras, a pesar de que el sistema de financiación actual caducó hace tiempo y requería renovaciones quinquenales, el PSOE no ha formulado una propuesta sólida que atienda las especificidades de la economía catalana, más allá de parches temporales o acuerdos parciales.
Déficit estructural en sanidad y educación
Para dotar de contenido económico su reclamación, la formación ha puesto cifras sobre la mesa que reflejan el desgaste de los servicios públicos debido a lo que consideran una infrafinanciación crónica. Las necesidades detectadas por Junts para que la administración autonómica funcione de manera óptima son considerables:
- Un incremento necesario de 4.000 millones de euros anuales destinados exclusivamente al sistema sanitario.
- Una inyección de 7.000 millones de euros adicionales para fortalecer el sector educativo.
- La urgencia de un retorno directo del esfuerzo fiscal de los contribuyentes hacia las infraestructuras locales.
Críticas a la estrategia de ERC y el encaje en la LOFCA
Desde la cúpula de Junts también se ha lanzado un mensaje crítico hacia Esquerra Republicana (ERC). Toni Castellà ha señalado una supuesta dualidad en el discurso de los republicanos, acusándoles de defender la soberanía fiscal en el Parlament pero diluir sus pretensiones al negociar en el Congreso de los Diputados. Según esta visión, el pacto de «financiación singular» alcanzado recientemente carece de la profundidad necesaria para transformar la relación económica con el Estado.
La hoja de ruta técnica propuesta por el partido de Puigdemont para materializar este concierto económico pasaría por una reforma estratégica de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La propuesta consiste en añadir una disposición adicional que otorgue a Cataluña un régimen de excepcionalidad, similar al que ya disfrutan los territorios forales o las especificidades canarias, permitiendo posteriormente el desarrollo de una ley de financiación propia y exclusiva para el territorio catalán.
En definitiva, la postura de Junts redefine la negociación política no como una actualización de cuotas, sino como un cambio de paradigma legal que busca la plena gestión tributaria como única solución al déficit de los servicios esenciales en Cataluña.