La formación liderada por Carles Puigdemont en el Congreso ha decidido romper el tablero político actual mediante una ofensiva legislativa que busca desacoplar la actualización de las prestaciones públicas de otras medidas de carácter social. La negativa de Junts a convalidar el denominado decreto ómnibus responde a una estrategia que prioriza la seguridad jurídica y rechaza el método de negociación por paquetes cerrados que intenta imponer el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Una ley propia para garantizar la subida del 2,7%
Ante lo que consideran una maniobra de presión institucional, Junts ha registrado una proposición de ley alternativa centrada exclusivamente en la revalorización de las pensiones. Esta iniciativa busca asegurar un incremento del 2,7% con efectos retroactivos desde el inicio del presente ejercicio, garantizando que los jubilados no se conviertan en «rehenes» de una negociación política más amplia. Según la formación independentista, el derecho a una pensión digna debe estar blindado frente a cualquier tipo de condicionamiento parlamentario.
- Protección de las pensiones contributivas y no contributivas sin medidas añadidas.
- Efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para no perjudicar el poder adquisitivo.
- Separación total de las políticas de vivienda y suministros básicos del presupuesto de la Seguridad Social.
El conflicto del escudo social: El impacto en el pequeño tenedor
Uno de los puntos de mayor fricción reside en la prórroga de las limitaciones a los desahucios y la prohibición de cortes de suministros. Desde la óptica de Junts, el escudo social tal y como está planteado genera efectos colaterales perjudiciales para los pequeños propietarios. Muchos de estos dueños son, a su vez, jubilados que dependen de las rentas de alquiler para complementar sus ingresos mensuales.
La portavoz Míriam Nogueras ha sido tajante al señalar que el actual modelo de decreto castiga injustamente a quienes han invertido sus ahorros en el mercado inmobiliario, creando una situación de vulnerabilidad económica para el propietario de a pie. Esta postura marca una distancia insalvable con las formaciones de izquierda, al considerar que la protección de los inquilinos no debe recaer sobre los hombros de otros ciudadanos particulares.
Crítica frontal a la política de «decretos paquete»
La decisión de votar en contra del decreto responde también a un rechazo formal a la técnica legislativa del decreto ley ómnibus. Junts argumenta que esta fórmula impide un debate parlamentario honesto sobre cada medida por separado. Al mezclar la subida de las pensiones con regulaciones sobre ocupación o desahucios, el Gobierno estaría recurriendo a lo que califican como un chantaje político inaceptable en una democracia madura.
Este escenario recuerda a episodios previos donde la suma de votos de la oposición y de los grupos independentistas críticos ha logrado tumbar normativas similares. Para Junts, la justicia social no puede estar secuestrada por decretos que obligan a los grupos parlamentarios a aceptar el «todo o nada», ignorando las particularidades de cada sector afectado por las reformas.
En definitiva, el movimiento de Junts sitúa al Gobierno en una encrucijada: o acepta tramitar la revalorización de las pensiones de forma independiente y limpia, o asume el riesgo de ver caer una de sus piezas legislativas fundamentales para la estabilidad de la legislatura.