La crisis persistente en la red de Rodalies de Cataluña ha alcanzado un nuevo punto de ebullición política. Junts per Catalunya ha instado formalmente al Ejecutivo catalán a emprender una ofensiva legal sin precedentes contra los entes estatales Renfe y ADIF. Salvador Vergés, portavoz de la formación en el Parlament, ha dejado claro que la paciencia institucional se ha agotado ante lo que califican como un escenario de caos sistémico que afecta diariamente a miles de ciudadanos.
Ofensiva jurídica: De la responsabilidad civil a la penal
La propuesta de Junts no se limita a una queja administrativa. El grupo parlamentario exige que el Govern denuncie a las operadoras ferroviarias no solo por responsabilidad civil, sino también por presuntos delitos de responsabilidad penal y criminal. Esta medida busca fiscalizar la gestión de las infraestructuras bajo una óptica judicial rigurosa. Vergés ha advertido que, si la Generalitat decide no liderar esta acción en los tribunales, su propio partido está evaluando seriamente interponer las denuncias de manera independiente.
Exigencia de dimisiones al más alto nivel político
Para la formación independentista, el cese de cargos técnicos no es suficiente para reparar el daño causado por las constantes averías y retrasos. En este sentido, han solicitado la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. El argumento principal es que las responsabilidades deben asumirse en la cúpula política, rechazando que se utilice a los técnicos de ADIF o Rodalies como «cabezas de turco» para desviar la atención de una gestión política deficiente.
Un plan de choque técnico para rescatar el servicio
Más allá de las acciones legales, Junts ha puesto sobre la mesa un paquete de 14 medidas estratégicas diseñadas para transformar la operatividad ferroviaria en Cataluña. Entre las propuestas más destacadas se encuentran:
- Creación de un equipo técnico de expertos independientes y especialistas de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) para auditar la red actual.
- Implementación de cortes quirúrgicos en el servicio en lugar de suspensiones totales, minimizando el impacto en los usuarios.
- Garantía de planes alternativos de transporte gratuito en todas las líneas afectadas por incidencias.
- Eliminación de peajes en las vías de comunicación que absorben el tráfico desviado por la falta de trenes.
- Resolución del contrato actual con Renfe para que FGC asuma la dirección efectiva del servicio.
El pulso presupuestario y la soberanía ferroviaria
La estrategia de Junts también tiene una vertiente parlamentaria en Madrid. La formación vincula directamente la situación de Rodalies con una falta de inversión endémica por parte del Estado, la cual consideran premeditada. Por ello, plantean la posibilidad de retirar el apoyo legislativo al PSOE en el Congreso como medida de presión para forzar un traspaso integral del 100% de las competencias y recursos ferroviarios.
En relación con el nuevo plan de inversiones 2020-2030 que el Govern prevé actualizar, Vergés se ha mostrado escéptico. Aunque admite que cualquier inyección económica es necesaria, define la situación de la red como la de un «enfermo» que no recibió medicina preventiva a tiempo. Esta postura se verá reforzada en las calles, ya que la formación ha confirmado su asistencia a las manifestaciones convocadas por las plataformas de usuarios, subrayando la necesidad de un frente común ante el deterioro de la movilidad sostenible en Cataluña.
Hacia una gestión sin injerencias externas
Finalmente, el plan de Junts aboga por una movilidad descentralizada y una integración tarifaria total, donde las decisiones se tomen exclusivamente desde instituciones catalanas. La meta es evitar que las empresas y los trabajadores sigan asumiendo los costes de productividad perdidos por el mal funcionamiento del transporte público, exigiendo que sean Renfe y ADIF quienes asuman las consecuencias económicas directas del servicio deficiente que prestan actualmente.