La estabilidad política en el Parlament se ve nuevamente tensada por las recientes denuncias sobre supuestas prácticas de vigilancia interna. La formación Junts per Catalunya ha puesto el foco en la actuación de los Mossos d’Esquadra, exigiendo una clarificación urgente sobre la presencia de agentes encubiertos en reuniones organizativas del sector educativo. Esta situación no solo plantea dudas sobre la gestión de la seguridad, sino que abre un debate profundo sobre los límites de la actuación policial en espacios civiles.
Un desafío a la libertad sindical y de reunión
Desde la sede legislativa, la secretaria de Organización de Junts, Judith Toronjo, ha calificado los hechos de «incompatibles» con un sistema democrático saludable. Según la formación, la presunta incursión de agentes en asambleas docentes privadas, diseñadas para la planificación de movilizaciones legítimas, supone una vulneración directa de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El argumento central de la denuncia se basa en la protección del derecho de reunión. Para Junts, el hecho de que se monitoricen encuentros destinados a la reivindicación de mejoras laborales envía un mensaje disuasorio a la sociedad civil y fractura la confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad.
Interrogantes sobre la cadena de mando en el Govern
La ofensiva parlamentaria de Junts no solo busca confirmar los hechos, sino depurar responsabilidades políticas al más alto nivel. Se ha registrado una batería de preguntas dirigidas específicamente a dos departamentos clave:
- Departamento de Interior: Para determinar si la consellera Núria Parlon autorizó o tenía conocimiento de estas operaciones de inteligencia interna.
- Departamento de Educación y FP: Para esclarecer si la consellera Esther Niubó fue informada sobre la vigilancia a los colectivos que forman parte de su propia cartera.
- Dirección General de la Policía: Con el fin de identificar quién dio la orden operativa y bajo qué criterios de seguridad se justificó la presencia de infiltrados.
El silencio de Salvador Illa bajo la lupa
Uno de los puntos más críticos de la controversia es la postura adoptada por el President de la Generalitat. Ante las declaraciones de Salvador Illa, quien afirmó desconocer estas supuestas maniobras de los Mossos, Junts ha reaccionado con dureza. Según Toronjo, este desconocimiento es síntoma de un «claro descontrol» en el Ejecutivo catalán.
La formación sostiene que, si el President realmente ignora lo que ocurre en sus departamentos estratégicos, Cataluña se enfrenta a un problema de gobernanza y transparencia grave. Por el contrario, si existía conocimiento previo, el escenario se desplaza hacia una crisis de confianza política de difícil retorno.
Próximos pasos en el Parlament
La estrategia de la oposición para los próximos días se centrará en forzar la comparecencia de las conselleras implicadas. No se descarta solicitar informes técnicos que detallen los protocolos seguidos por la policía autonómica en entornos de activismo social. La meta final es establecer un cortafuegos que impida que la seguridad pública se convierta en una herramienta de control político sobre los movimientos sindicales y educativos del país.