El giro estratégico de Junts para desbloquear las competencias migratorias
La formación liderada en Madrid por Míriam Nogueras ha movido ficha nuevamente en el tablero parlamentario. Con el registro en solitario de su proposición de ley para la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat, Junts busca forzar una decisión política que consideran inaplazable. La premisa es clara: Cataluña no puede seguir dependiendo de las directrices que se marcan a 600 kilómetros cuando las problemáticas afectan directamente a la gestión diaria del territorio catalán.
Esta nueva intentona no es una copia exacta del texto anterior. El partido ha aplicado una reforma táctica con el objetivo de ensanchar su base de apoyos en el Congreso de los Diputados, mirando de reojo la postura de fuerzas como Podemos, cuyo voto se volvió determinante tras su salida del grupo de Sumar.
Ajustes ideológicos para convencer a la izquierda
La principal novedad de este registro radica en lo que se ha eliminado más que en lo que se ha añadido. Junts ha decidido suprimir la exposición de motivos original, un apartado que en la legislatura pasada generó fuertes fricciones con Podemos. La formación morada llegó a calificar la propuesta de racista, un escollo que ahora los postconvergentes pretenden salvar eliminando la narrativa política y centrando el debate exclusivamente en el articulado jurídico.
Según ha detallado Nogueras, el cuerpo legal de la norma permanece inalterado. Esto implica que la Generalitat reclama el control total sobre los siguientes puntos estratégicos:
- Tramitación y autorización de la residencia temporal para extranjeros.
- Gestión de las estancias de larga duración en territorio catalán.
- Capacidad para expedir documentos de identidad para inmigrantes.
- Ampliación de funciones de los Mossos d’Esquadra, permitiendo que compartan la seguridad en puntos críticos como puertos y aeropuertos junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Críticas a la parálisis institucional y al Gobierno de Sánchez
La ofensiva legislativa de Junts no solo tiene un componente normativo, sino que viene cargada de un tono de reproche hacia la gestión del PSOE y del actual Govern de Salvador Illa. Nogueras ha sido tajante al señalar que la ciudadanía catalana no puede seguir esperando por «la falta de decisiones» de un Ejecutivo central que, a su juicio, siempre llega tarde a los problemas reales, como los vividos recientemente en la crisis de Ceuta.
La portavoz ha denunciado que la política española se ha convertido en un «escaparate de barro» donde la palabrería sustituye a la acción efectiva. En este contexto, Junts se postula como el único actor capaz de tomar las riendas ante la pasividad que perciben tanto en la Moncloa como en la Generalitat.
Conflictos de derechos y la cuestión de los símbolos
El registro de la ley coincide con un clima de tensión por actuaciones policiales recientes que Junts considera inadmisibles. Nogueras ha puesto el foco en la detención de un menor de edad por portar una estelada en un contexto deportivo, criticando el silencio ensordecedor de Illa y Sánchez ante lo que califica como una vulneración de derechos fundamentales.
La formación insiste en que existe una doble vara de medir: mientras el Gobierno presume de defender los derechos humanos, parece ignorar los incidentes cuando afectan a ciudadanos catalanes con simbología independentista. Esta desafección se traduce también en el rechazo a actos institucionales, como los homenajes a la selección española de fútbol, defendiendo en su lugar el reconocimiento a quienes sufren lo que consideran agresiones del aparato del Estado.
Perspectivas de futuro en el Congreso
Con este movimiento, Junts traslada la presión al bloque de la investidura. Al haber eliminado los fragmentos que causaban rechazo ideológico, Nogueras sostiene que ya no hay «excusas» para que los grupos parlamentarios de izquierda voten en contra. El objetivo final es dotar a Cataluña de una capacidad de autogobierno real en materia migratoria, una competencia que consideran esencial para la cohesión social y el orden público del país en la próxima década.