La investigación judicial encaminada a esclarecer las responsabilidades y la cronología de los hechos durante la DANA en la provincia de Valencia ha dado un paso significativo. El juzgado de Catarroja ha diseñado una hoja de ruta procesal que sitúa a los responsables municipales en el centro de la instrucción penal, buscando reconstruir la respuesta institucional desde la administración local hacia la autonómica.
Calendario de testificales: Los alcaldes ante el juez
El magistrado encargado de la causa ha programado una serie de comparecencias durante el mes de octubre para escuchar a los ediles que gestionaron la emergencia en primera línea. El objetivo es obtener una visión fidedigna de las alertas recibidas y la efectividad de los protocolos de actuación aplicados en cada demarcación.
- 5 de octubre: Iniciarán las declaraciones Rafael Arnal, representante de La Torre, junto a Josep Francesc Cabanes, alcalde de Sedaví.
- 14 de octubre: Comparecerán Jordi Mayor, primer edil de Cullera, y Francisco Teruel, máximo responsable de Benimodo.
- 19 de octubre: Está previsto el testimonio de Maribel Albalat, quien fuera alcaldesa de Paiporta en el momento de los hechos.
- 21 de octubre: Será el turno de Josep Almenar, alcalde de Picaña.
- 26 de octubre: Declarará José Javier Sanchis, representante municipal de Algemesí.
- 28 de octubre: La ronda concluirá con las intervenciones de Andreu Salom (La Alcudia) y Óscar Navarro (Polinyá del Júcar).
Pruebas tecnológicas y registros de comunicaciones
Más allá de los testimonios personales, la justicia está centrando sus esfuerzos en la trazabilidad de las comunicaciones. La investigación ha solicitado a las operadoras de telefonía información detallada sobre las facturas de terminales corporativos de cargos de relevancia, como es el caso de Reme Mazzolari, vinculada al área de infraestructuras de la Diputación.
Este rastreo tecnológico se complementa con la exigencia de informes a la Subdirección General de Emergencias. El juzgado busca auditar las comunicaciones vía radio mantenidas el fatídico 29 de octubre de 2024, analizando no solo el contenido, sino la duración exacta y la identidad de los interlocutores para verificar si hubo fallos en la cadena de mando o retrasos injustificados en el flujo de información crítica.
Mensajería instantánea y la situación de Salomé Pradas
Un elemento disruptivo en la causa ha sido la incorporación de material procedente de aplicaciones de mensajería. Se han unido a las actuaciones diversas conversaciones de WhatsApp aportadas por secretarios autonómicos, pertenecientes a grupos de coordinación internos. Estos chats podrían revelar el tono y la urgencia real con la que se trataba la crisis en los despachos gubernamentales.
Finalmente, la situación procesal de la exconsellera Salomé Pradas sigue siendo uno de los puntos calientes de la instrucción. El juzgado ha solicitado a su equipo jurídico que confirme si mantienen el interés en profundizar en ciertos informes técnicos ya presentados, mientras la causa sigue acumulando evidencias sobre la gestión política y administrativa de una de las mayores catástrofes naturales vividas en la región.