La justicia gaditana ha dado un paso decisivo en el cerco legal sobre la anterior cúpula municipal. El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha formalizado el auto de procesamiento contra José María González, ‘Kichi’, quien fuera regidor de la ciudad, junto a varios integrantes destacados de su equipo de gobierno. Este movimiento judicial pone el foco en una presunta prevaricación administrativa y revelación de secretos, derivadas de la gestión de un asesor que, según el magistrado, ejerció funciones públicas sin poseer la condición legal de funcionario.
El escenario judicial: Delitos de prevaricación y revelación de secretos
El cierre de la instrucción penal marca el inicio de un posible juicio oral que sacude el legado de Adelante Cádiz. El magistrado instructor sostiene que existen indicios sólidos para afirmar que, bajo una decisión puramente política, se permitió que un asesor del partido, Fernando García Acuña, interviniera directamente en expedientes de contratación municipal. Esta conducta no solo habría vulnerado los cauces legales de la administración, sino que habría condicionado la labor de los funcionarios habilitados, quienes se veían obligados a acatar directrices de una persona ajena a la estructura laboral del Ayuntamiento.
Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre finales de 2018 y la primavera de 2019. Durante ese lapso, el asesor en cuestión habría operado con una «ficción de autoridad», ocupando despachos oficiales y participando en el tráfico de comunicaciones internas como si fuera personal eventual o técnico municipal, condición que no obtuvo hasta tiempo después tras un proceso de oposición.
Un esquema de poder bajo sospecha: Los nombres señalados
El auto judicial no señala únicamente al exalcalde. La resolución implica a figuras clave del anterior organigrama municipal, sugiriendo una acción coordinada para dotar de poder ejecutivo al asesor investigado. Entre los procesados se encuentran:
- David Navarro, exresponsable del Área de Personal.
- José Vicente Barcia, quien fuera jefe de Gabinete de la Alcaldía.
- José Ramón Páez, asesor cercano al regidor.
- Laura Jiménez, exconcejala de Turismo.
Según el relato del juez, este grupo de personas habría «impuesto» la presencia de García Acuña en las áreas de gestión. Los indicios apuntan a que el asesor tenía acceso restringido a expedientes y capacidad de mando, una situación que CCOO denunció originalmente y que ahora cuenta con el respaldo de la acusación popular ejercida por el Partido Popular.
La defensa de Kichi: El argumento del ‘lawfare’ y la persecución política
Desde el entorno de José María González y su formación política, la respuesta ha sido tajante, enmarcando este proceso dentro de una estrategia de judicialización de la política o «lawfare». Argumentan que esta es solo una más de las numerosas denuncias —un total de 17 durante sus dos mandatos— que han terminado en el archivo. Para la defensa, el trabajo del asesor se limitaba a una asistencia técnica externa pagada por el partido, utilizando los recursos habituales de los grupos municipales.
Sin embargo, el auto judicial subraya que la gravedad reside en la usurpación de funciones y en cómo se permitió que una figura externa dictara criterios en procesos de contratación pública, un ámbito especialmente protegido por la ley para garantizar la imparcialidad. Ahora, la Fiscalía y las acusaciones disponen de un plazo de cinco días para presentar sus escritos y solicitar formalmente la apertura del juicio oral o, por el contrario, el sobreseimiento de una causa que promete marcar el debate político en Cádiz durante los próximos meses.
Este procedimiento abreviado representa un reto jurídico para el exalcalde, quien siempre ha hecho de la transparencia administrativa una de sus principales banderas políticas. La resolución definitiva determinará si la gestión de su equipo cruzó la línea de la legalidad en un intento por agilizar la maquinaria municipal mediante personal de confianza no cualificado para el ejercicio público administrativo.