La fase final del proceso judicial por el denominado caso mascarillas ha alcanzado un punto de máxima tensión tras la declaración de Koldo García ante el Tribunal Supremo. En un alegato cargado de reproches, el que fuera asesor de confianza de José Luis Ábalos ha denunciado maniobras de presión externa, dirigidas supuestamente a condicionar su testimonio a cambio de beneficios penitenciarios que evitarían su entrada en la cárcel.
Denuncias de coacción y el papel de la acusación popular
Durante su intervención, García señaló directamente a Alberto Durán, abogado vinculado a la representación legal del Partido Popular. Según el acusado, se le ofreció una vía de escape judicial basada en la colaboración con la justicia, aunque bajo una premisa que él califica de inaceptable: la construcción de un relato falso. El asesor sostiene que la oferta consistía en evitar la reclusión a cambio de «faltar a la verdad ante la ciudadanía», una propuesta que, según sus palabras, buscaba incriminar a terceros mediante testimonios prefabricados.
Koldo García defendió su trayectoria personal y laboral, alejándose de la imagen de corrupto que proyectan las acusaciones. Hizo especial hincapié en que su relación con Víctor de Aldama se limitó a un auxilio personal y profesional sin contraprestaciones ilícitas, subrayando que su mayor error fue, irónicamente, su disposición a ayudar a los demás sin medir las consecuencias políticas y legales.
El agravio comparativo con Víctor de Aldama
Uno de los puntos más críticos del discurso de García fue el cuestionamiento de la atenuante muy cualificada otorgada al comisionista Aldama. Para el exasesor, resulta incomprensible que quien ha sido pieza clave en la trama reciba un trato de favor que reduce drásticamente su horizonte penal, mientras que para él y para el exministro Ábalos se mantienen peticiones de condena extremadamente elevadas.
- Koldo García: Enfrenta una petición fiscal de 19 años, que las acusaciones populares elevan hasta los 30 años.
- José Luis Ábalos: La Fiscalía solicita 24 años de prisión, mientras que la acusación popular llega a los 30 años.
- Víctor de Aldama: Gracias a su supuesta colaboración, la petición se ha rebajado a 5,3 años, lo que facilita evitar el ingreso en prisión por cada delito individualmente.
La estrategia de la Fiscalía y la ‘ley del silencio’
Por su parte, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ha defendido la necesidad de recompensar a aquellos imputados que deciden colaborar con el esclarecimiento de los hechos. A pesar de mantener la petición de siete años siguiendo las directrices de la Fiscalía General, Luzón destacó que no incentivar la confesión de los comisionistas solo serviría para blindar la impunidad y fortalecer los pactos de silencio dentro de las tramas de corrupción pública.
Este escenario deja al Tribunal Supremo ante el reto de dirimir si las confesiones obtenidas son veraces o si, como sostiene la defensa de Koldo García, forman parte de una estrategia orquestada para salvar a los principales beneficiarios económicos a costa de las figuras políticas y sus colaboradores directos. El juicio entra ahora en una fase de deliberación donde el valor de la colaboración premiada será el eje central de la sentencia final.