El Tribunal Supremo frente a la encrucijada del TJUE
La defensa de Koldo García ha dado un giro radical a la fase preliminar del proceso judicial por el caso mascarillas. En un movimiento estratégico que busca dilatar o incluso desplazar la competencia del juicio, sus abogados han solicitado formalmente elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El argumento central reside en la actual condición de los investigados: tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado, la defensa sostiene que el Tribunal Supremo podría haber perdido la competencia para juzgar a ciudadanos que ya no gozan de aforamiento.
Esta maniobra procesal busca que la justicia europea determine qué órgano es el adecuado para dirigir el plenario, especialmente cuando las penas solicitadas alcanzan los 30 años de prisión para los principales implicados. La abogada Leticia de la Hoz ha enfatizado que el escenario jurídico ha cambiado drásticamente, lo que obligaría a replantear la idoneidad del alto tribunal español en este contexto específico.
Careo y polígrafo: El choque frontal contra el testimonio de Aldama
En el corazón de la vista preliminar ha emergido una confrontación directa entre los antiguos socios. Koldo García no solo ha solicitado un careo presencial con el empresario Víctor de Aldama, sino que ha ido un paso más allá al pedir que este último se someta a la prueba del polígrafo. Esta petición surge como respuesta a la postura de Aldama, quien se ha convertido en la pieza clave de la acusación tras reconocer los delitos y colaborar con la justicia, lo que le ha permitido obtener una reducción sustancial en la petición de condena hasta los siete años de cárcel.
- Contraste de testimonios: La defensa busca exponer contradicciones en la versión del «colaborador» mediante el enfrentamiento directo.
- Cuestionamiento de beneficios: Se analiza si la reducción de pena de Aldama ha condicionado la veracidad de sus declaraciones.
- Pruebas técnicas: El uso del polígrafo se plantea como una medida desesperada para desacreditar la confesión del empresario.
Desmantelando el tribunal: La estrategia de recusación por ‘contaminación’
La ofensiva legal de García no se detiene en las pruebas, sino que apunta directamente a la composición de la Sala de lo Penal. La defensa ha presentado la recusación de cinco de los siete magistrados encargados de juzgarles. El argumento esgrimido es la existencia de una supuesta «contaminación judicial», ya que cuatro de estos jueces formaron parte de la Sala de Admisión que dio curso a la querella inicial, lo que, a juicio de la defensa, anularía su imparcialidad objetiva.
Entre los recusados destaca la figura de Julián Sánchez Melgar, cuya designación previa como fiscal general ha sido utilizada por la defensa para cuestionar su neutralidad en un caso con profundas implicaciones políticas. Asimismo, se ha criticado la persistencia de argumentos sobre el riesgo de fuga, sosteniendo que las circunstancias que motivaron el ingreso en prisión de García el pasado noviembre han quedado totalmente desvirtuadas en la actualidad.
Con el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, evaluando estas peticiones tras un receso, el caso mascarillas entra en una fase de incertidumbre jurídica. La decisión sobre la competencia europea y la posible renovación del tribunal marcarán el ritmo de un juicio que amenaza con sacudir los cimientos de la arquitectura judicial española.