Estrategia de defensa: El amparo como última barrera legal
A solo siete días de que se inicie la vista oral por el polémico caso de los contratos de material sanitario, la defensa de Koldo García ha activado un mecanismo jurídico crítico. El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos ha elevado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando que se han vulnerado sus derechos más elementales durante la fase de instrucción y en las decisiones previas del Tribunal Supremo.
Esta maniobra busca, de forma explícita, la suspensión cautelar de todas las diligencias judiciales previstas para la próxima semana. La representación legal de García sostiene que seguir adelante con el juicio sin resolver estas dudas constitucionales provocaría un daño irreversible, convirtiendo cualquier futura sentencia de la corte de garantías en una resolución meramente simbólica o ilusoria.
El conflicto de competencias y el fin del aforamiento
El núcleo de la reclamación reside en la negativa del Alto Tribunal a trasladar el procedimiento a la Audiencia Nacional. Tras perder José Luis Ábalos su condición de aforado, los abogados defensores argumentan que el Tribunal Supremo ha dejado de tener la competencia necesaria para juzgar los hechos. Según la tesis del recurso, la permanencia del caso en esta instancia vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
Anteriormente, la letrada Leticia de la Hoz ya había intentado otras vías para dilatar o anular el proceso, incluyendo una petición para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre cuestiones jurisdiccionales. Sin embargo, tras el rechazo sistemático de estas cuestiones previas por parte del Supremo a principios de marzo, el recurso de amparo se presenta como el único camino restante para evitar el banquillo de forma inmediata.
Un escenario penal de máxima gravedad
La presión sobre los implicados es máxima, dadas las elevadas peticiones de condena que pesan sobre ellos. Koldo García y el exministro Ábalos se enfrentan a una posible acumulación de delitos que podrían sumar hasta 30 años de prisión. Entre los cargos investigados destacan la presunta percepción de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos durante lo peor de la crisis sanitaria.
La decisión ahora recae sobre el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido, que deberá determinar si admite a trámite el recurso y si, efectivamente, procede paralizar el juicio previsto para el próximo martes. El desenlace de esta petición marcará un antes y un después en uno de los casos de presunta corrupción más mediáticos de la legislatura, determinando si el proceso judicial se mantiene firme o si entra en una fase de incertidumbre legal.
Cronología de una batalla judicial intensa
- 12 de febrero: Primer intento de la defensa por elevar el caso a instancias europeas ante posibles irregularidades de competencia.
- 3 de marzo: El Tribunal Supremo ratifica su competencia y deniega el traslado de la causa a la Audiencia Nacional.
- Semana previa al juicio: Presentación del recurso de amparo ante el Constitucional como medida de protección de derechos fundamentales.
- Próximo martes: Fecha fijada para el inicio oficial del juicio por la presunta trama de las mascarillas.