La instrucción del caso Koldo en el Tribunal Supremo ha tomado un nuevo e importante giro financiero. El magistrado Leopoldo Puente ha puesto el foco en la trazabilidad del dinero que vincula a personas del entorno más cercano del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, así como en las operativas de antiguos altos cargos de la constructora Acciona.
El rastro del dinero: De Servinabar a la cooperativa Erkolan
Uno de los puntos clave de esta nueva diligencia judicial radica en la relación económica entre la constructora Servinabar y la cooperativa Erkolan. Según las investigaciones preliminares, la constructora —en la que Santos Cerdán ostentaría una participación del 45% del accionariado— habría inyectado una cifra cercana a los 367.000 euros en las cuentas de la cooperativa entre mediados de 2020 y mayo de 2023.
La relevancia de este flujo de capital reside en que Erkolan es la entidad que procedió a la contratación de la hermana de Santos Cerdán. Ante estas evidencias, el juez Puente ha ordenado al Banco Sabadell que facilite de manera inmediata todos los extractos y movimientos bancarios de la cooperativa para determinar si estos fondos guardan relación con las presuntas comisiones irregulares derivadas de la trama de las mascarillas.
Ampliación de la investigación a exdirectivos de Acciona
Paralelamente a la rama que afecta al entorno del dirigente socialista, el magistrado ha atendido las peticiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para auditar los activos financieros de tres antiguos responsables de Acciona. Se trata de una medida que busca esclarecer si existieron ramificaciones de la trama en el sector de la obra pública y las grandes infraestructuras.
- Tomás Olarte: Sus cuentas personales y movimientos corporativos están siendo analizados al detalle.
- Manuel García Alconchel: Se investiga su posible rol en la facilitación de operaciones bajo sospecha.
- Justo Vicente Pelegrini: La justicia busca determinar el destino de fondos en cuentas vinculadas a su gestión.
En total, la solicitud judicial abarca una veintena de cuentas bancarias, lo que sugiere que los investigadores sospechan de una red de blanqueo o de desvío de capitales mucho más sofisticada de lo que se planteó inicialmente.
Implicaciones políticas y judiciales en el horizonte
La decisión de rastrear los activos de la cooperativa que empleó a un familiar directo de Cerdán añade una presión política añadida al Gobierno. El Tribunal Supremo busca confirmar si el dinero procedente de Servinabar tiene un origen lícito o si, por el contrario, responde a una estructura de recompensas financieras por servicios prestados dentro de la red del caso Koldo.
Con estas diligencias, el magistrado Leopoldo Puente pretende cerrar el círculo sobre la financiación y el uso de productos financieros complejos para ocultar la titularidad real de los beneficios obtenidos. La respuesta de las entidades bancarias será determinante para los próximos pasos de la instrucción, que no descarta nuevas imputaciones en las próximas semanas conforme se analice el volumen masivo de datos solicitados.