A escasas semanas de que comience el proceso judicial por la trama de las mascarillas, la estrategia de defensa de Koldo García ha dado un giro significativo. El exasesor ministerial ha formalizado una petición ante el Tribunal Supremo para abandonar la prisión antes del próximo 7 de abril, fecha marcada para el inicio de las sesiones. La solicitud no solo se basa en cuestiones técnicas, sino que introduce un argumento humano y logístico: el impacto que el régimen de traslados penitenciarios tendría sobre su capacidad de defensa.
El derecho a la defensa y el desgaste físico del procesado
La defensa de García, liderada por la abogada Leticia de la Hoz, sostiene que la estancia en prisión durante el juicio generaría una indefensión de facto. El argumento principal reside en el extenuante calendario de las sesiones, con jornadas de mañana y tarde. Según el escrito, el traslado diario desde el centro penitenciario hasta la sede del Tribunal Supremo provocaría un estado de agotamiento cognitivo y físico que impediría al acusado colaborar activamente con su representación legal.
Para mitigar este riesgo, se ha solicitado que Koldo García pueda preparar las sesiones desde su domicilio, garantizando así que pueda prestar la atención necesaria a la práctica de las pruebas y a los interrogatorios de testigos y peritos. Esta medida se complementa con la petición de sentarse junto a su letrada en lugar de en el banquillo de los acusados, buscando una comunicación inmediata y fluida durante el desarrollo del juicio.
Garantías contra el riesgo de fuga: Arraigo y geolocalización
Frente al temor de una posible huida, la defensa insiste en la inexistencia del riesgo de fuga. Para respaldar esta afirmación, se han expuesto varios pilares vitales que vinculan al exasesor con el territorio nacional:
- Núcleo familiar estable: La presencia de una estructura familiar consolidada que hace impensable el abandono del país.
- Dependencia familiar: Se ha destacado la situación de vulnerabilidad de su madre, quien depende directamente de él.
- Colaboración judicial: Su actitud receptiva y constante con la justicia desde el inicio de las investigaciones.
Como alternativas a la prisión preventiva, se proponen medidas de control menos severas pero igualmente eficaces, tales como la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas ante el juzgado o el uso de dispositivos de geolocalización para asegurar su ubicación permanente en todo momento.
El concepto del «ornitorrinco procesal» en la estrategia de interrogatorios
Otro de los puntos clave de la solicitud es el orden de las declaraciones. Koldo García pretende declarar en último lugar, específicamente después de Víctor de Aldama. La defensa ha calificado a Aldama como un «ornitorrinco procesal», término que define a un acusado que, en la práctica, actúa como una suerte de acusador contra otros implicados.
Esta posición híbrida supone, a juicio de la defensa, una ambigüedad que genera inseguridad jurídica. Al declarar después de Aldama, García busca conocer primero el contenido del testimonio de quien podría estar ejerciendo una labor de acusación encubierta, permitiéndole así articular una respuesta más sólida y coherente con su derecho a la presunción de inocencia.
Contexto judicial y figuras políticas en el banquillo
El juicio, que sentará en el banquillo también al exministro José Luis Ábalos, abordará delitos graves como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. Aunque la Sala de lo Penal ha rechazado la presencia de altos cargos como Pedro Sánchez o Salvador Illa por considerarlos ajenos al objeto del proceso, sí ha citado a figuras relevantes como Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.
En definitiva, la petición de libertad de Koldo García plantea un dilema sobre el equilibrio entre las medidas cautelares y el derecho a un juicio justo en condiciones físicas y mentales óptimas. La resolución del Tribunal Supremo determinará si el exasesor afrontará uno de los procesos más mediáticos de la legislatura desde una celda o desde su domicilio bajo vigilancia electrónica.