La defensa jurídica de Koldo García, exasesor ministerial vinculado a la presunta trama de corrupción en la compra de material sanitario, ha movido ficha para intentar frenar el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional. Mediante un escrito presentado ante el magistrado Ismael Moreno, se solicita formalmente el sobreseimiento libre de las actuaciones relacionadas con los contratos de las islas Baleares y Canarias, sosteniendo que el investigado se enfrenta a una situación de «doble persecución judicial».
El principio ‘non bis in idem’ como eje de la defensa
El argumento central de la abogada Leticia de la Hoz reside en la vulneración del principio constitucional «non bis in idem», que prohíbe que un ciudadano sea juzgado dos veces por los mismos hechos. Según la defensa, la actividad probatoria desplegada recientemente en el Tribunal Supremo —donde se ha analizado el papel del exministro José Luis Ábalos— ya abarcó de manera expresa las contrataciones realizadas en los archipiélagos.
Para el equipo legal de García, resulta jurídicamente insostenible mantener dos causas paralelas. Argumentan que los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión bajo el presunto cobro de comisiones son «una unidad de acción indivisible». En este sentido, consideran que las administraciones territoriales de Baleares y Canarias no representan delitos independientes, sino meras ramificaciones de un mismo objeto delictivo que ya ha sido escrutado por el alto tribunal.
Fragmentación de la causa y presunta indefensión material
Más allá de la duplicidad jurisdiccional, el escrito denuncia una situación de indefensión material que afectaría directamente a las garantías del investigado. La defensa critica que Koldo García haya sido citado a declarar este jueves sin que todavía se le haya facilitado una copia íntegra del contenido de sus dispositivos electrónicos incautados. Esta carencia técnica impediría, según el documento, una «igualdad de armas» frente a las acusaciones, que sí han podido trabajar sobre dichos datos para elaborar sus tesis.
- Riesgo de ruptura de la unidad jurídica: La defensa advierte que fraccionar un presunto delito continuado de cohecho en varios juzgados destruye la lógica del proceso penal.
- Acceso a la prueba: Se reclama el derecho a conocer el volcado de los terminales móviles antes de cualquier interrogatorio judicial.
- Suspensión de citaciones: Al igual que ocurrió con Víctor de Aldama, cuya declaración se ha pospuesto al 21 de mayo, se solicita anular la comparecencia prevista para esta semana.
El papel de los informes policiales y la respuesta judicial
La reactivación de esta rama de la investigación se produce tras la recepción de nuevos informes de la UCO que ponen el foco en los procesos de contratación pública en Baleares durante la pandemia. Estos documentos habrían motivado al juez Ismael Moreno a llamar a declarar tanto a García como al comisionista Aldama en calidad de piezas clave en el engranaje de las adjudicaciones.
La Fiscalía, por su parte, integró en sus conclusiones ante el Supremo el relato fáctico sobre las islas, un movimiento que ahora la defensa utiliza como prueba de que los hechos ya están siendo juzgados. La resolución del magistrado sobre este petición de archivo será determinante para definir si la macrocausa de las mascarillas se mantiene centralizada o si, por el contrario, se produce una dispersión de responsabilidades que podría dilatar los tiempos de la justicia.
En definitiva, la estrategia de Koldo García busca forzar un pronunciamiento sobre la competencia judicial y la integridad de la causa, tratando de evitar que las investigaciones sobre las comunidades autónomas avancen de forma independiente a la trama principal que afecta al Ministerio de Transportes.