La defensa jurídica de Leire Díez ha dado un paso firme para intentar desvincular al PSOE de la causa judicial en la que se encuentra inmersa. Ante el intento de la asociación Hazte Oír de ampliar la investigación hacia las siglas del partido socialista, la exmilitante ha interpuesto una serie de alegaciones que buscan frenar lo que califica como una ofensiva basada en suposiciones sin fundamento técnico ni probatorio.
Argumentos contra la vinculación orgánica y contractual
El núcleo de la estrategia de Díez reside en la negación absoluta de cualquier relación de mandato o encargo por parte del PSOE para ejecutar las acciones que se investigan. Según el escrito presentado ante el juzgado de instrucción de Madrid, no existe «ni un solo indicio» que permita conectar sus movimientos profesionales o personales con las directrices de la formación política. La defensa subraya que su trayectoria en entidades como Correos o Enusa respondió a criterios ajenos a cualquier tipo de clientelismo o influencia del Gobierno central.
Para reforzar esta postura, se ha desglosado la naturaleza de los pagos recibidos en el pasado. Díez admite haber percibido poco más de 15.000 euros en 2017, pero puntualiza que dicho montante correspondió exclusivamente a servicios periodísticos realizados para el Grupo de Cantabria mediante una relación mercantil transparente, lo que invalidaría la tesis de una financiación o dependencia estructural continuada.
El factor Villarejo y la pluralidad de contactos políticos
Uno de los puntos más polémicos de la ampliación de la querella se centra en las reuniones mantenidas en la sede de Ferraz con figuras clave como Santos Cerdán. No obstante, la defensa de Leire Díez ha introducido un matiz relevante que cambia la perspectiva del análisis:
- Los encuentros no fueron exclusivos con el PSOE, sino que se extendieron a representantes del Partido Popular y Vox.
- El objetivo de estas reuniones era tratar asuntos relacionados con las supuestas maniobras del excomisario Villarejo, de quien se consideraban víctimas.
- Si el magistrado decidiera investigar al PSOE por estos contactos, la defensa exige que, por coherencia procesal, se cite también al resto de fuerzas políticas involucradas en dichas rondas de conversación.
Oposición a las testificales de la cúpula socialista
En el plano de las comparecencias, Díez se ha mostrado tajante al rechazar la citación de figuras de peso como Cristina Narbona, José Luis Ábalos o Koldo García. Considera que sus testimonios carecen de utilidad para el esclarecimiento de los hechos y solo contribuirían a una politización excesiva del proceso judicial. Sin embargo, existe una excepción notable en su planteamiento: la figura de José Luis Rodríguez Zapatero.
La exmilitante no se opone a que el expresidente del Gobierno declare como testigo, siempre y cuando su intervención se circunscriba estrictamente a los contactos mantenidos con la Fiscalía Anticorrupción. Esta distinción sugiere un intento de blindar la causa contra ruidos mediáticos innecesarios, limitando el foco a los aspectos procedimentales que realmente afectan a la instrucción liderada por el juez Arturo Zamarriego.
Conclusión del escenario procesal
La resolución de este conflicto determinará si el caso escala hacia una dimensión política de mayor envergadura o si permanece centrado en las actuaciones individuales de Díez y el empresario Pérez Dolset. Al calificar las acusaciones de Hazte Oír como conjeturas «huérfanas de prueba», la defensa busca proteger la integridad del proceso y evitar que la causa judicial se convierta en una herramienta de desgaste partidista sin sustento jurídico real.