Revés judicial para la defensa de Koldo: La abogada Leticia de la Hoz deberá declarar
La estrategia legal de Leticia de la Hoz, pieza clave en la defensa de Koldo García, ha sufrido un importante varapalo jurídico. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la citación de la letrada en calidad de investigada, rechazando los recursos que pretendían suspender su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz. El tribunal considera que existen indicios racionales de criminalidad que justifican su interrogatorio en el marco del denominado ‘caso Leire Díez’.
La decisión judicial se fundamenta en la necesidad de esclarecer si la abogada intentó interferir en el curso de la justicia. Según los magistrados, los hechos descritos hasta la fecha podrían ser constitutivos de una infracción penal, lo que convierte su declaración en un acto ajustado a derecho y estrictamente necesario para el avance de la instrucción que investiga una presunta trama para blindar judicialmente a figuras vinculadas al entorno del PSOE.
La sombra del soborno: ¿Dinero a cambio de falso testimonio?
El núcleo de la imputación contra De la Hoz descansa sobre el testimonio de la empresaria Carmen Pano. De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la abogada habría ofrecido compensaciones económicas a Pano y a su chófer, Álvaro Gallego, con un objetivo claro: que se retractaran de sus afirmaciones sobre la entrega de 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz.
La tesis de la acusación sugiere que se intentó inducir un delito de falso testimonio mediante una negociación económica que incluía diversas peticiones por parte de los testigos, supuestamente aceptadas o discutidas en reuniones con la letrada:
- Un pago de 25.000 euros destinado a sufragar los gastos de una boda familiar.
- La cobertura mensual del alquiler de una vivienda, con importes de entre 2.500 y 2.800 euros.
- Una partida de 15.000 euros solicitada por el chófer para la adquisición de un vehículo.
Operación de blindaje: El objetivo de «salvar» a Ábalos y Koldo
Más allá del presunto cohecho, lo que realmente preocupa a los investigadores es la motivación política tras estas maniobras. Según el relato de la testigo principal, De la Hoz habría manifestado explícitamente que el interés detrás de este cambio de versión provenía de «gente del partido» y que la finalidad última era proteger la posición legal de José Luis Ábalos y Koldo García.
Este escenario sitúa a la abogada en el centro de una red de coordinación que, bajo la presunta supervisión de figuras como Santos Cerdán y Leire Díez, habría buscado desactivar las ramificaciones judiciales que asedian al exministro de Transportes. Aunque la defensa de la letrada alega una falta de concreción en los hechos imputados, la Audiencia Nacional ha sido tajante al señalar que el proceso judicial permitirá contrastar y desvirtuar estas acusaciones, pero que la gravedad de lo denunciado hace ineludible su presencia ante el instructor.
Implicaciones para la arquitectura del caso Leire Díez
La imputación de una abogada en ejercicio por intentar presuntamente comprar el silencio de testigos supone un giro crítico en la narrativa del caso. No solo pone en duda la ética de la defensa técnica, sino que refuerza la tesis de la existencia de una estructura dedicada a la obstaculización de la justicia. El testimonio de Pano, quien finalmente aseguró que su declaración judicial se ajustó estrictamente a la realidad a pesar de las supuestas ofertas, será el pilar sobre el cual el juez Pedraz deberá determinar el alcance de la responsabilidad penal de Leticia de la Hoz.