La tensión entre la agenda diplomática y los derechos de las víctimas de abusos ha alcanzado un nuevo punto crítico en España. La plataforma Reparación Integral Ya (RIYA) ha manifestado públicamente su indignación ante lo que califican como una maniobra política deliberada: la paralización de la normativa para ampliar los plazos de prescripción en delitos de pederastia, supuestamente para no enturbiar el encuentro institucional entre el presidente Pedro Sánchez y el Sumo Pontífice.
¿Una foto oficial a cambio de justicia?
Desde la organización de víctimas se sostiene que el Gobierno ha decidido «congelar» este avance legislativo con el objetivo de allanar el camino hacia la Nunciatura. Miguel Hurtado, portavoz de RIYA y figura clave en la denuncia de abusos en instituciones eclesiásticas, ha sido tajante al sugerir que el Ejecutivo ha priorizado una imagen de cordialidad con la Santa Sede sobre la necesidad urgente de reformar el Código Penal para evitar que estos crímenes queden impunes por el paso del tiempo.
Esta acusación pone el foco en la gestión del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Según la asociación, la tramitación de la ley ha sido relegada para evitar fricciones en un momento de alta exposición mediática internacional, lo que consideran una traición a los compromisos adquiridos con los supervivientes.
Petición de comparecencia para Félix Bolaños
Ante la gravedad de los hechos denunciados, RIYA no se ha limitado a la crítica verbal, sino que ha iniciado movimientos en el arco parlamentario. El objetivo principal es forzar la comparecencia de Félix Bolaños en el Congreso de los Diputados para que explique los motivos reales tras el retraso de la norma. Según Hurtado, ya existen grupos políticos que han mostrado su disposición para registrar esta solicitud formal.
- Exigencia de un calendario legislativo claro y sin interferencias externas.
- Rendición de cuentas sobre las negociaciones previas a la visita papal.
- Compromiso firme con la imprescriptibilidad de los abusos a menores.
El desafío directo al Papa Francisco
La controversia no solo apunta a La Moncloa, sino que traslada la presión directamente al Vaticano. La asociación de víctimas considera que el Papa tiene una oportunidad histórica para demostrar con hechos, y no solo con palabras, su compromiso contra la pederastia clerical. En este sentido, se le insta a posicionarse de forma explícita a favor de que estos delitos no caduquen nunca ante la justicia civil.
La visita a lugares simbólicos, como la Abadía de Montserrat —considerada por el activismo como un punto neurálgico del dolor de las víctimas en Cataluña—, se presenta como el escenario donde el Pontífice debería romper su silencio sobre las reformas legales necesarias en los Estados democráticos para garantizar la reparación integral.
Un futuro incierto para la reforma legal
El escenario actual deja en el aire una reforma que miles de víctimas consideran esencial para su proceso de sanación y para la prevención de futuros casos. Mientras el Gobierno intenta equilibrar sus relaciones con la Iglesia Católica, la presión social crece para que la ley de prescripción salga del cajón parlamentario. La resolución de este conflicto marcará un precedente sobre si los intereses diplomáticos pueden o no condicionar el avance de los derechos humanos y la protección de la infancia en España.