La gestión del agua en España ha tomado un rumbo que el Consell de la Generalitat califica de incomprensible. La reciente denuncia sobre la financiación gubernamental de infraestructuras hídricas en Marruecos, mientras se asfixia el histórico trasvase Tajo-Segura, ha generado una brecha de indignación en el sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana. Esta paradoja sitúa a los agricultores locales en una posición de vulnerabilidad frente a competidores internacionales que reciben apoyo directo del Ejecutivo central.
La paradoja del agua: Inversión en el exterior y recortes en el levante
El escenario actual presenta una contradicción de difícil justificación técnica. Por un lado, se destina capital público a potenciar la capacidad de riego en Marruecos, un competidor directo en los mercados europeos. Por otro, se imponen caudales ecológicos restrictivos en el Tajo que amenazan la viabilidad de la cuenca del Segura. Según las estimaciones oficiales del Consell, esta política supondrá una merma anual de 78 hectómetros cúbicos de agua para los regantes valencianos.
Desde la Generalitat se cuestiona la coherencia medioambiental del Gobierno: si los trasvases son perjudiciales en territorio nacional, no pueden ser una solución sostenible en otros países. Esta dualidad de criterios sugiere que las decisiones sobre el reparto del agua están más ligadas a intereses geopolíticos que a una verdadera planificación hidrológica basada en la sostenibilidad y el aprovechamiento del recurso.
La Mesa del Agua: Ciencia frente a decisiones ideológicas
Como respuesta a lo que consideran un ataque a la economía regional, se ha anunciado la creación de la Mesa del Agua y el Regadío de la Comunitat Valenciana. Este nuevo organismo busca profesionalizar el debate y alejarlo de la crispación partidista. La estrategia se basa en tres pilares fundamentales:
- Rigor científico: Justificación técnica de cada hectómetro solicitado para evitar recortes arbitrarios.
- Unidad institucional: Integración de universidades, regantes y administraciones para una defensa común.
- Transparencia: Exigencia de obras y garantías que aseguren el suministro a largo plazo.
La intención es clara: demostrar que la demanda de agua en la provincia de Alicante no es un capricho político, sino una necesidad vital respaldada por una gestión hídrica ejemplar y eficiente que ya es referente en Europa.
Inversiones y proyectos estratégicos en la provincia de Alicante
Más allá de la reivindicación, el plan de choque incluye inversiones directas para mitigar la falta de recursos externos. La modernización de regadíos y la optimización de infraestructuras existentes son piezas clave para la supervivencia del campo. Entre las actuaciones más relevantes destacan:
- Finalización del postrasvase Júcar-Vinalopó, con una inversión que ya supera los 30 millones de euros en diversas fases.
- Plan de reutilización de aguas depuradas con un presupuesto estimado de 300 millones de euros para alcanzar el vertido cero en la bahía de Alicante.
- Obras de emergencia y prevención en la Vega Baja, destinadas a mejorar la capacidad de desagüe del río Segura y proteger infraestructuras críticas como el Hospital de Orihuela.
Estas medidas buscan reducir la dependencia de decisiones externas, aunque no sustituyen la necesidad imperiosa de mantener el trasvase Tajo-Segura como motor económico. El aprovechamiento de aguas regeneradas en municipios como Torrevieja u Orihuela refuerza la idea de que la región ya hace sus deberes en materia de economía circular hídrica.
Hacia un pacto hídrico basado en la justicia territorial
La defensa del agua en el levante español no es solo una cuestión agraria; es una lucha por la igualdad de oportunidades y el desarrollo social. La Diputación de Alicante y el Consell coinciden en que los recursos deben distribuirse bajo principios de solidaridad y eficiencia. Resulta fundamental que los caudales que se envían a otros países, como Portugal, también se analicen bajo la lupa del interés general nacional para ver si pueden reforzar el sistema interno.
En conclusión, la Generalitat se posiciona como el principal aliado de los regantes frente a lo que perciben como una dejadez de funciones del Estado. La apuesta por la ciencia y la inversión en infraestructuras locales es el camino elegido para combatir una política de recortes que, de continuar, pondría en jaque el futuro de uno de los sectores más productivos de España.