La sombra del cese tras el expediente a Claudia Montes
El escenario judicial en torno al caso Ábalos ha sumado un nuevo e inquietante capítulo. Durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo, José Ángel Méndez, quien fuera máximo responsable de la empresa pública Logirail, ha puesto sobre la mesa una correlación de hechos que sugiere represalias internas. Según su testimonio, su destitución como director gerente se produjo de forma fulminante justo después de que intentara aplicar el régimen disciplinario a Claudia Montes, la joven vinculada al entorno del exministro José Luis Ábalos.
Méndez relató que la empleada, tras completar su periodo de formación inicial, dejó de acudir a su puesto de trabajo sin aportar justificación alguna. Esta situación se prolongó durante más de una semana, superando el límite de ocho días que estipula el convenio colectivo para iniciar un proceso de despido por ausentismo laboral. Sin embargo, el desenlace no fue la salida de la trabajadora, sino la del propio directivo que firmó el inicio del expediente.
El procedimiento administrativo que acabó en relevo directivo
La incorporación de Montes a la compañía no fue casual. Tras un ciclo de aprendizaje de un mes distribuido entre las sedes de Santiago y Lugo de Llanera, la joven debía integrarse en la comercialización de trenes turísticos. No obstante, su presencia en la oficina de Gijón fue prácticamente inexistente. Ante esta anomalía, Méndez, en el ejercicio de sus funciones como director gerente, ordenó abrir una investigación disciplinaria.
Lo que debía ser un trámite administrativo estándar en cualquier departamento de Recursos Humanos se convirtió en el preludio de su salida. «Yo inicié el proceso, luego me apartan y se toman otras decisiones diferentes», afirmó con contundencia ante la Fiscalía. En febrero de 2020, sin explicaciones técnicas ni motivos de gestión aparentes, Méndez fue reemplazado por Óscar Gómez Barbero, quien tomó el mando de la entidad y dio un giro radical al asunto.
Una mesa inadecuada como justificación para el ausentismo
El testimonio de su sucesor, Gómez Barbero, ha aportado una visión diametralmente opuesta pero igualmente reveladora sobre cómo se gestionó el conflicto. El nuevo gerente admitió que el expediente sancionador fue paralizado. La razón esgrimida por la nueva dirección fue que las condiciones laborales de Montes eran deficitarias. Se argumentó que la empleada no contaba con un espacio físico acorde para la venta de un producto de lujo, mencionando específicamente que su mesa estaba situada junto a unas escaleras.
Esta supuesta precariedad en el mobiliario y la ubicación de la oficina sirvieron para frenar el despido y reubicar a la trabajadora. Gómez Barbero reconoció haber mantenido contacto directo con Claudia Montes para asegurarle que se buscaría un local más apropiado y se ajustaría su contrato. Este movimiento resulta excepcional en una corporación que en aquel momento contaba con una plantilla superior a los 500 empleados, donde no es habitual que la máxima autoridad intervenga personalmente en las quejas de un perfil de base.
Intervención directa de la cúpula en un perfil de base
La implicación de los niveles más altos de la administración ferroviaria en este caso particular levanta sospechas sobre la influencia de Koldo García y el propio José Luis Ábalos. Aunque Gómez Barbero insiste en que actuó por iniciativa propia para resolver un problema que consideraba relevante para la imagen de los trenes turísticos, resulta difícil ignorar la insistencia con la que Montes se dirigía al entorno del ministerio para trasladar sus quejas.
- El expediente por ausentismo fue ignorado tras el cambio de dirección.
- Se priorizó la comodidad física de la empleada sobre el cumplimiento del horario.
- Un director general asumió funciones de gestión de personal que correspondían a mandos intermedios.
En conclusión, el testimonio de José Ángel Méndez deja una pregunta incómoda en el aire: ¿fue su cese una medida de protección política hacia una empleada protegida? Mientras la justicia sigue desgranando las ramificaciones del caso, queda claro que en Logirail, durante el inicio de la pandemia, las reglas habituales del derecho laboral parecieron suspenderse para ciertos nombres propios, mientras que los directivos que intentaron aplicarlas terminaron fuera de la estructura pública.