El giro de guion de López Madrid: De acusado a víctima emocional
El banquillo de la Audiencia Nacional ha sido testigo de una estrategia de defensa basada en el agotamiento psicológico. Javier López Madrid, en su comparecencia durante el juicio por el denominado «caso Elisa Pinto», ha rechazado categóricamente haber contratado los servicios de José Manuel Villarejo con el fin de hostigar o amenazar a la dermatóloga. Por el contrario, el empresario ha dibujado un escenario de desesperación personal, situándose como el objetivo de una campaña de acoso que, según sus palabras, le dejó «completamente destrozado».
La narrativa del empresario rompe con la tesis de la acusación. López Madrid sostiene que el contacto con el grupo CENYT, liderado por el comisario jubilado, no fue para lanzar un ataque, sino para buscar una salida a una situación que calificó de dramática. Según su testimonio, el entorno familiar y profesional del empresario se vio colapsado por un volumen ingente de comunicaciones no deseadas, lo que le llevó a buscar asesoramiento externo para frenar el conflicto.
Cronología de una crisis: 1.500 llamadas y un «investigador privado»
Uno de los puntos centrales de la declaración ha sido el volumen de las supuestas coacciones recibidas. López Madrid cuantificó en más de 1.500 llamadas las recibidas en apenas ocho meses, una cifra que se duplicaría al sumar las dirigidas a su círculo íntimo. Este ambiente de presión fue el que, según el acusado, le empujó a seguir el consejo de un amigo y acudir a la oficina de Villarejo en el año 2012.
- Búsqueda de auxilio: El acusado afirma que acudió a Villarejo buscando «confort y ayuda» y no una red de extorsión.
- Desconocimiento profesional: López Madrid asegura que no supo que Villarejo seguía en activo en la Policía Nacional hasta 2017.
- Ausencia de pagos: En su testimonio, recalcó que el comisario nunca le solicitó contraprestación económica por sus consejos.
El polémico encuentro en la consulta y el uso del «farol»
El juicio también ha profundizado en lo ocurrido en diciembre de 2013, cuando López Madrid se presentó en la consulta de Elisa Pinto acompañado por Rafael Redondo, socio de Villarejo. Mientras la acusación ve en este acto un intento claro de intimidación, el empresario lo justifica como una medida de «testigo» para exigir el cese del acoso. Durante la sesión, se dio lectura a transcripciones donde López Madrid advertía a la doctora de una inminente intervención policial.
A preguntas de la acusación popular, el empresario admitió que sus menciones a la policía eran en realidad un «farol» estratégico. El objetivo, según su versión, era simplemente asustar a la doctora para que dejara de contactar con sus hijos y amigos. Esta confesión intenta desactivar la acusación de cohecho, sugiriendo que no había una maquinaria policial real trabajando para él en ese momento, sino una escenificación privada para recuperar la tranquilidad.
Posturas encontradas: Peticiones de cárcel y el «show» de Villarejo
El horizonte judicial para los implicados es complejo. La acusación particular ejercida por la doctora Pinto solicita penas de seis años de prisión tanto para López Madrid como para Villarejo por delitos de cohecho, además de cuatro años para Rafael Redondo. No obstante, la Fiscalía mantiene una posición opuesta, al no formular acusación y solicitar la libre absolución de los procesados, lo que debilita la contundencia del caso.
Por su parte, José Manuel Villarejo no ha desaprovechado la oportunidad mediática a las puertas de la Audiencia Nacional. El comisario jubilado ha calificado el proceso como un «show» que se extiende ya por más de una década. Con su habitual tono irónico, ha defendido que las investigaciones internas de la policía ya demostraron que «no hay absolutamente nada», confiando en que este juicio ponga fin a lo que considera una farsa judicial iniciada hace 12 años.
Medidas excepcionales en el desarrollo del juicio
La presidencia del tribunal, encabezada por la magistrada Teresa Palacios, ha tenido que gestionar tensiones sobre la publicidad del proceso. Aunque se rechazó la petición de la acusación de no retransmitir la vista, se ha concedido una medida de protección para Elisa Pinto: su declaración será grabada únicamente de espaldas para preservar su imagen. Además, en una decisión poco frecuente, se ha permitido que los acusados declaren de forma separada y no en bloque, permitiendo que Villarejo y Redondo lo hagan al cierre del plenario.
Este proceso judicial, que entrelaza conflictos privados con las cloacas del Estado, entra ahora en su fase decisiva. La clave residirá en determinar si el acercamiento de un empresario en apuros a la estructura de CENYT constituyó un uso ilegal de recursos públicos o si, como defiende la defensa, se trató simplemente de un ciudadano buscando protección frente a un acoso que nadie más parecía capaz de detener.